Guerra de cifras en la histórica huelga de los jueces

  • El CGPJ asegura que un 35,47% de magistrados han secundado el paro, frente al 62% que han contabilizado las asociaciones judiciales convocantes de la protesta.

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Baile de cifras para hablar del seguimiento de la huelga convocada en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles en demanda de mejoras estructurales en la Administración de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 35,47% (1.621 jueces) este seguimiento, mientras que las asociaciones convocantes, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, lo elevan al 70% (2.192 jueces del total de 4.570). Antes de conocer estas cifras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, auguró que el seguimiento sería "minoritario" debido al "altísimo grado de responsabilidad de los jueces".

Según el CGPJ, estas movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia Española". No obstante, este órgano destacó en una nota "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos". Según los datos oficiales del Consejo, la comunidad en la que porcentualmente se ha producido "un mayor seguimiento de la huelga" ha sido Aragón, donde un 65,35% de los jueces han parado, seguida de Murcia (62%), Valencia (60,19%) y Canarias, donde 5 de cada diez jueces hicieron huelga. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia cifró en un 27,5% el seguimiento mientras que la cifra más baja la registró el País Vasco, con apenas 20 de los 218 que ejercen en esta comunidad (9,17%).

En Madrid, esta jornada de huelga ha sido seguida por 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, lo que representa un 37,12%. Sin embargo, el Decanato de los jueces de la capital asegura que un 60% de los jueces y magistrados del partido judicial de Madrid ejercieron su derecho de huelga para exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mejoras estructurales. Según esta entidad, el porcentaje varía según la jurisdicción: mientras la totalidad de los jueces de vigilancia penitenciaria secundaron la huelga, los 50 jueces sustitutos mantienen su agenda con normalidad. En Plaza de Castilla, han parado su actividad 120 de los 162 magistrados que habitualmente trabajan en estas dependencias.

Además, los jueces de Plaza de Castilla recibieron el respaldo de los funcionarios de la Administración de justicia de Madrid y de los abogados del turno de oficio, que también decidieron paros para esta jornada. Aquí, la actividad de los 76 juzgados de instrucción y los 86 de primera instancia fue suspendida mientras que sí se celebraron los juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afectan a derechos fundamentales.

Los convocantes elevan estas cifras de participación en toda España. Así aseguran que en Gerona fue secundada por 37 de los 50 magistrados titulares. Con un porcentaje del 74%, que alcanzó el 100% en juzgados como los de Olot, los convocantes valoraron con "éxito" la jornada y aseguraron que "hoy es un día histórico". La portavoz de los jueces del comité de huelga en esta provincia, Olga Bautista, explicó que el paro es "legal" y que ninguno de los participantes se ha unido pensando que podían ser sancionados. En Almería, el Comité de Huelga cifró el seguimiento en un 74% y en en Cantabria, en el 41,5% de jueces y magistrados.

En Cádiz, la juez decana Nuria Orellana calificó de "masivo" el seguimiento de los jueces y magistrados a esta jornada de huelga y al paro de una hora previsto para este miércoles. Además, aseguró no descartar "otras medidas de protesta" antes de la jornada de huelga convocada para el 26 de junio. Según Orellana, todas estas exigencias se encaminan a "mejorar la administración de la justicia", que ahora es "arcaica" y propia del siglo XIX. Por ello, dijo no entender por qué no son atendidas.

El seguimiento de la protesta ha sido prácticamente inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, y en la Audiencia Nacional, donde han hecho huelga dos miembros. Los que se han unido a la huelga de este órgano han sido el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco, y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo Carlos de Rozas. No obstante, la Junta de Jueces Centrales manifestó "su apoyo a las reivindicaciones de la carrera judicial".

Como primera reacción a la huelga el órgano de gobierno de los jueces destacó la voluntad hecha pública por este colectivo, que por primera vez en la historia exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria". Asimismo, aseguran que "el CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla".

Bermejo: "Es complicado hacer pronósticos"

Las reacciones políticas a esta huelga no se han hecho esperar. Antes de conocer las cifras de participación, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, auguró que iba a tener un seguimiento "bastante minoritario" y que la mayoría de este colectivo demostrará que tiene un "altísimo grado de responsabilidad" y acudirá a sus puestos de trabajo. No obstante, el titular de Justicia admitió que es "complicado hacer pronósticos" sobre el apoyo a esta protesta. Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-la Mancha, Isabel Rodríguez, rechazó esta convocatoria de huelga porque considera que "perjudica" a la institución. No obstante aseguró compartir su preocupación con la situación en la que se encuentra la administración de la Justicia.

Con relación a las declaraciones de Bermejo en las que "colocaba" a los pilotos y controladores aéreos "al lado" de los jueces, el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López alegó que en el caso de estos últimos no se puede hablar de "elitistas o privilegiados" sino de "altos funcionarios de la Administración". Además, precisó que la huelga convocada para hoy "puede ser improcedente, lo cual no quiere decir que sea ilegal". Por último, garantizó que los servicios mínimos son "muy altos".

Y preocupada por los perjuicios de esta jornada de protesta se mostró la portavoz del CGPJ Gabriela Bravo, quien aseguró que este órgano estaría "pendiente de que los ciudadanos no salgan perjudicados". Además, añadió que la interposición de cualquier sanción "se valorará en su momento", teniendo en cuenta "si hay una denuncia en cada caso concreto".

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