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Políticos y asociaciones, contra la ley de Bermejo para la regulación de las huelgas de jueces

  • El CGPJ replica al ministro que si los jueces no pueden hacer huelga se debería haber regulado antes.

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Los portavoces parlamentarios de Justicia de CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Grupo Mixto (UPyD) dejaron solo al Ministerio de Justicia recalcando que no apoyarán en este periodo de sesiones en el Congreso la ley anunciada por Mariano Fernández Bermejo para regular la huelga y los procedimientos de reivindicación de jueces y magistrados. Esta opinión es compartida por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que tachó de "provocador", "irreflexivo" y "desafiante" a Bermejo por el anuncio de esta norma. Del mismo modo, el vicepresidente del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, replicó al titular de Justicia que si los jueces no pueden hacer huelga, esta decisión debería haberse tomado antes.

Los grupos minoritarios de la Cámara Baja, que aseguran que a día de hoy no existía anteproyecto alguno para esa reforma, advierten al ministro de que no se debe legislar "en caliente" ni "a golpe de titular" y subrayan que los problemas de la Justicia requieren otras medidas más prioritarias. Así, el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, aseguró que "no es oportuno legislar a golpe de titular o a golpe de acontecimiento de actualidad", y avisó de que "la legislación reactiva no siempre es la mejor". Según Jané, tras la huelga de ayer la prioridad es saber por qué ha pasado, escuchar a quienes han adoptado esta postura e intentar dialogar, pero anunciar una reforma así puede ser incluso "una provocación". 

Además, señaló que un proyecto de ley como el anunciado por el ministro merece "un debate sereno, con tiempo para redactarse y para el acuerdo", y regular si los jueces tienen o no derecho a la huelga "no es la prioridad absoluta en el ámbito de la Justicia". "Las demandas de la Justicia van por otros caminos", enfatizó.

También el portavoz de ERC, Joan Ridao, rechazó que se legisle "en caliente" sobre un derecho que considera "discutible", ya que ni la Constitución, ni la Ley de Huelga ni la de Libertad Sindical regulan el ejercicio del mismo por parte de los jueces. Por ello, deja claro que "hoy por hoy" su formación no daría apoyo a la iniciativa anunciada por Bermejo. "El debate no es si es legal o no la huelga de jueces, sino si era conveniente o no", sentencia, insistiendo en que no lo era y reiterando que "el juez es un poder público, que encarna un poder del Estado, y que cuando las togas se van a las barricadas se provoca un vacío de poder".

Para el portavoz de los independentistas catalanes, no es necesario prohibir el derecho de huelga a este colectivo, sino "afrontar los problemas que padece la Justicia" reformando las leyes procesales que datan del siglo XIX y dotando de medios a esta administración. "Ahí sí que encontraran el apoyo de nuestra formación", afirmó.

Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, tachó de "chulesca" y "fuera de lugar" la actitud adoptada ayer por el ministro de Justicia con su anuncio de elevar al Congreso una iniciativa para regular la huelga de jueces el mismo día en que éstos protagonizaban un paro. "A este ministro le da gusto amenazar a los que le llevan la contraria", sentenció Díez, que considera "inasumible" que Bermejo actúe a golpe de impulso. Máxime, añadió, cuando trata prohibir a los jueces y magistrados un derecho sobre el que la Constitución española no se pronuncia específicamente.

La misma reflexión realizó el portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Emilio Olabarría, quien criticó por "desafortunadas" las declaraciones de Bermejo, a quien afeó que anuncie medidas "reactivas" el mismo día en que se celebra la huelga. Es más, el diputado nacionalista llegó a calificar de "cuasivenganza" el proceder del ministro, de quien dijo esperar que dé más detalles sobre su futuro proyecto de ley.

Tampoco las asociaciones, ni siquiera el Poder Judicial, se han mostrado partidarios de la decisión de Bermejo. De este modo, el vicepresidente del CGPJ, replicó al ministro de Justicia que la regulación del derecho de huelga de los jueces "debería haberse hecho antes" y no "como consecuencia" de la jornada de paro celebrada ayer en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles. "Si efectivamente se considera que los jueces no tienen derecho a la huelga, se debería haber regulado antes", expresó De Rosa antes de su participación en la inauguración de un seminario sobre Modernización de la Justicia organizado por Club Diálogos para la Democracia

El vicepresidente del Consejo rechazó de este modo la medida anunciada por Bermejo "si se hace como consecuencia de la huelga de ayer". "No me parece correcto que la reacción sea la prohibición de la huelga", agregó. Insistió en que, en todo caso, la forma que tengan los jueces de expresar sus reivindicaciones "debe regularse, pero de forma prudente, sosegada y no como primera reacción a una convocatoria de huelga".

También, la APM, una de las dos asociaciones de jueces que ayer no respaldó la jornada de paro de magistrados, tachó de "provocador", "desafiante" e "irreflexivo" al ministro por este anuncio. "Convertir lo acontecido en el día de ayer en una guerra de cifras no tiene ningún sentido, y menos aún responder a lo ocurrido con una advertencia o anuncio como el que acto seguido hizo público el ministro: legislar prohibiendo de forma expresa el derecho de huelga por los Jueces, por desgracia y una vez más, de forma irreflexiva y en un tono claramente provocador y desafiante", denuncia la APM.

Por su parte, Bermejo no ha querido hablar sobre estas críticas y se limitó a admitir que la huelga de ayer fue "significativa", apoyando los datos de participación facilitados por el CGPJ, que cifró el respaldo en un 35,38 por ciento. A su juicio, el hecho de que "un tercio" de los jueces siguiera la jornada de paro, confirma que "algo ya se sabía", que la Justicia necesita mayor atención. Además, celebró que las incidencias sufridas ayer por los ciudadanos no fueron "excesivas".

En este sentido, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, respondió a las asociaciones convocantes  de la huelga que no se puede considerar un "éxito" dejar "sin atender los derechos de los ciudadanos durante un día".

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