Crónica política

Manuel Campo Vidal

Prohibidas las vacaciones

Manuel Campo Vidal argumenta por qué cree que, si los líderes políticos fracasan en su intento de formar negocio, deberían "ser despedidos", "salir del mercado por falta de idoneidad".

A pesar de la intensidad de acontecimientos que vivimos los europeos -que si el Brexit que se acelera con la nueva ministra británica, el descorazonador atentado de Niza o el golpe de Estado en Turquía, a lo 23-F pero con casi 300 muertos- los políticos españoles no conseguirán que nos olvidemos de que nos deben un Gobierno. Y que los ciudadanos no aceptaríamos una tercera renegociación electoral. Ya les vale. Como dijo el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, tras el fracaso en la primera oportunidad, "en una empresa privada hubieran sido todos despedidos". Por el mismo criterio, al segundo fracaso, si finalmente se produjera, deberían salir del mercado y pedirles que se dedicaran a otra cosa, pero no a ésta, por falta de idoneidad.

Esa exigencia popular de Gobierno, casi como sea y de quién sea, que se palpa en la calle, conlleva la rotunda negativa a que se aplace todo porque se marchan de vacaciones. Es tal el nivel de malestar ciudadano ante la situación política -según el CIS, superior al del momento del estallido del 15-M en las plazas- que una dilación de las negociaciones por imperativo estival podría producir una convulsión. Que se queden hasta que se resuelva el delicado asunto de hacer vivir a España sin Gobierno, por más que Mariano Rajoy parezca haberse acomodado a ser presidente en funciones permanente. Que se queden sin vacaciones, aún a sabiendas de que con su tarea pendiente dejan sin vacaciones, al menos en los tiempos y compromisos programados, a unas 3.000 personas si se suman sus entornos de colaboradores y asesores, los funcionarios de las Cortes, las fuerzas seguridad vinculadas a ese proceso y la legión de periodistas que entre reunión y reunión fallida de los negociadores de los partidos va cambiando sus reservas de billetes porque esto no tiene perspectiva de solución inmediata. Rajoy quería ser investido presidente el viernes 29 de julio como límite, pero ya sabemos que, como pronto, no comenzará la investidura hasta la primera o segunda semana de agosto. Y entendemos que, salvo milagro o crisis inesperada, necesitará de una segunda investidura que no se descarta que se produzca agotando los plazos que podrían conducirnos a unas terceras elecciones. Esas elecciones, ya hay quien las sitúa para el 27 de noviembre pero estremece pensar que pudieran llegar a celebrarse.

La dinámica perversa de agotar plazos antes de llegar a acuerdos, se aplica ya en la formación de la Mesa del Congreso y en la elección de su presidente. El plazo termina mañana, pues qué mejor día que hoy para resolverlo a última hora. O la madrugada del mismo martes. Es verdad que Rajoy ofrece síntomas de abandonar el modo reposo en el que ha estado viviendo el último medio año, según definición de Felipe González. Pero de nuevo es Albert Rivera el más activo en la mediación entre los dos grandes -uno considerablemente más que otro- para llegar a acuerdos. Esa tarea, de agradecer, no le garantiza sin embargo a Rivera que la ciudadanía se la reconozca después en las urnas.

Entretanto, las cosas van mal, especialmente en el desempleo y la deuda. Cierto es que el dato del paro en junio es menos malo y que el turismo crece (en parte porque los incendios al otro lado del Mediterráneo ayudan) pero la deuda pública española se disparó en mayo más de diez mil millones de euros y de nuevo superamos el umbral del 100% del Producto Interior Bruto. La deuda de las empresas está incluso un poco más alta y solo mejora la deuda de las familias, que tiende a reducirse. El Fondo Monetario Internacional nos lo advertía recientemente: combinar deuda alta y paro estructural sin contención es un cóctel muy peligroso. Por ahí van los problemas de este país, que exigen de la colaboración de todos, pero desde luego, de forma imprescindible de un Gobierno que dirija el rumbo. Así que, prohibidas las vacaciones hasta que se aclaren. ¡Qué menos!

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