Acoso al docente: una batalla en silencio

Casi 200.000 alumnos quitan el sueño de los más de 14.000 enseñantes que hay en la provincia desde el mes de septiembre hasta junio. Pero los alumnos no son los únicos. Los progenitores de los escolares y los compañeros de los propios docentes constituyen en determinadas ocasiones un frente hostil que motivan la mitad de las consultas a los sindicatos de enseñanza y justifican los historiales de las bajas laborales por depresión del profesorado.

En los centros de Primaria y, sobre todo, en los de Secundaria de Granada, Pinos Puente, Albolote, Almuñécar, Padul o Salobreña se han registrado a lo largo del curso pasado casos de agresiones físicas, amenazas o conductas intimidatorias a sus enseñantes. Una radiografía de esta difícil convivencia la proporcionan las actas de la Junta de Personal Docente de la Delegación de Educación de Granada. Los sindicatos de enseñanza reclaman a la Administración andaluza que deje de inhibirse ante un problema que el enseñante sufre, en la mayoría de las ocasiones, en silencio.

"La existencia de la violencia en las aulas -para el vicepresidente de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Javier Derrac- no es más que un efecto colateral de la degradación que afecta a la enseñanza pública desde hace decenios". Para la CGT la convivencia escolar se facilitaría "al reducir la ratio actual; disponer de más horas lectivas para la atención de tutorías; trabajar con el apoyo de otros profesionales; disponer de más profesorado que atienda la diversidad; modificar los métodos pedagógicos; lograr la implicación de las familias", tal y como desglosa la secretaria general del sindicato de enseñanza de la CGT, Montserrat Toral.

Según APIA, el programa informático de gestión andaluz Séneca (donde se registran todas las incidencias que sufren los docentes) tipifica las "agresiones físicas y ofensas", la "introducción de objetos peligrosos" y los "juegos violentos en período de descanso" como simples faltas leves, lo que implica que se resuelva con simples partes de conducta. "Los responsables de Educación admitieron el curso pasado que menos de un tercio de las sentencias dictadas por hechos de este tipo fueron tipificadas como delitos", denuncia Derrac.

"Todos los casos se quedan en el Séneca, en el mundo interno de la Administración", apunta Marta Pérez, responsable de Enseñanza Pública en Granada de CCOO, que tiene un teléfono (Comisiones Te Escucha: 902104638) que atiende al profesorado.

La realidad es que en lo que llevamos de curso ya han saltado a la luz casos como el del instituto Padre Suárez de Granada, donde la rebeldía de un alumno precisó la intervención de la Policía Autonómica. El Observatorio de Convivencia Escolar ha prometido hacer público un informe analizando la situación en diciembre, pero mientras tanto la única información que se dispone de la provincia es la que aportó en junio la Junta de Personal Docente, donde afirmó que su asesoría jurídica había gestionado 17 peticiones hechas por docentes.

Las conductas intimidatorias o agresiones verbales y físicas ya no sólo se dan entre el alumno y el enseñante. Según la psicopedagoga Amalia Sánchez, que atiende el teléfono del defensor del profesor del sindicato ANPE, "la familia no suele reconocer el comportamiento de sus hijos y se enfrenta con el profesor cuando se le cita para ser informada de las malas calificaciones".

Estos casos se producen sobre todo en el segundo y tercer trimestre, coincidiendo normalmente con la entrega de notas. Los profesores de Secundaria viven además un fenómeno que no se da en la Primaria: el reparto anual de funciones que van más allá de la enseñanza reglada.

"En el primer trimestre recibimos muchas llamadas de docentes que se ven inmersos en enfrentamientos con sus propios compañeros a causa de la gestión del curso escolar", explica un veterano del sindicato ANPE, el ex presidente provincial Antonio Roldán. La distribución de los horarios, tutorías, jefaturas de departamento o el reparto de asignaturas que nadie quiere asumir hace que los primeros días de septiembre, cuando aún no se ha iniciado el curso, sean los que más tensión generan a los enseñantes de Secundaria.

Las afinidades entre los equipos directivos, los celos profesionales y la jerarquía que se establece entre los docentes hacen más difícil la resolución de los conflictos con los alumnos.

El estado de indefensión en el que se encuentra el profesorado, que ve como la Administración andaluza se da por satisfecha con la publicación de un protocolo de actuación, lleva a muchos de los docentes a no dar parte de la mayoría de agresiones que sufren en el ejercicio de su profesión.

Por su parte, la gran apuesta de la Consejería de Educación en los centros de Primaria y Secundaria es la implantación de la Escuela: Espacio de paz, un programa voluntario que se lleva a cabo en casi dos mil centros de toda Andalucía. Según su coordinador, José Antonio Binaburo Iturbide, esta red desarrolla diversas estrategias, "la principal es montar un aula de convivencia, cuya finalidad es detectar si un alumno ha sido expulsado por un problema de convivencia o de aprendizaje; pero también trabajamos la tutoría individualizada, el compromiso con la familia del alumno o la estrategia del alumno ayudante", tal y como reza en el decreto de convivencia de 2007.

Un ejemplo lo pone el director del IES Padre Suárez, Rafael Ibáñez, quien afirma que cuando se produjo el incidente de violencia en su centro siguieron al pie de la letra el protocolo publicado por el Gobierno andaluz. "La legislación es suficiente -dice Ibáñez- nosotros hicimos un seguimiento del alumno desde el primer día de clase y tratamos con los padres, pero cuando se acumularon una serie de partes procedimos a la expulsión". Este joven tenía partes por no cuidar el material del centro y por insultos al profesor. Fue expulsado 21 días y ya está frente al profesor de nuevo.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios