¿Adiós al ferrocarril público?

  • Los trabajadores de las empresas ferroviarias claman contra la liberalización del sector · La huelga fue apoyada por el 98% del personal no afectado por los servicios mínimos

Los sindicatos de Adif, Feve y Renfe operadora (CCOO, CGT, SCF, SEMAF, Confederación Intersindical y UGT) se concentraron ayer en las puertas de la Estación de Renfe de Granada para protestar por las agresiones recogidas en el Real Decreto del Gobierno, algo que supondrá, entre otros aspectos, la reducción de plantilla y la privatización de un gran número de empresas públicas.

María Dolores Sánchez Ortiz, delegada de personal de Renfe Operadora, aseguró que están ante una lucha de los ferroviarios granadinos y españoles contra la fragmentación de Renfe y Feve en cuatro sociedades mercantiles, así como la liberalización del mercado nacional de transporte de viajeros el 13 de julio del 2013. "Va a suponer una pérdida del empleo bastante importante, además de una mayor inseguridad puesto que las empresas privadas ofrecen menor seguridad y garantizan menos calidad en el servicio", comentó Sánchez.

A todo esto ha de sumarse la partición de Adif en dos empresas diferentes comunicada el pasado día 15 de septiembre por su actual presidente, Enrique Verdeguer. Así, con la nueva normativa europea, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, una de las dos empresas englobaría las líneas de alta velocidad en servicio y en construcción para hacer frente a las exigencias del nuevo Sistema Europea de Cuentas que impone Bruselas.

María Dolores Sánchez insistió en que estas medidas "entran dentro de la política neoliberal de Mariano Rajoy, al igual que todo el adelgazamiento del Estado social que solo sirve para hacer negocio con las empresas públicas, malvendiéndolas a sus amigos del poder y a las grandes patronales". Además, quiso hacer hincapié en que estas "están construidas con todo el esfuerzo de la ciudadanía a través de sus impuestos", por lo que, a su juicio, hay que luchar para que "no cierren aquellas líneas no rentables para el Gobierno central y que no repercuta en las plantillas de toda la empresa".

Sánchez Ortiz aseguró que la jornada de huelga se desarrolló tranquilamente y denunció que los servicios mínimos prestados "han sido abusivos, se está vulnerando el derecho fundamental de huelga de los trabajadores".

Así, según los datos facilitados por UGT, la huelga ferroviaria destacó por un "seguimiento masivo" (de un 98%) de los trabajadores no afectados por los servicios mínimos, cifrados en un 90%, que se cumplieron escrupulosamente.

Cerca de 70 personas salieron desde la Estación de Renfe en Granada hasta la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía, 'escoltados' por varias patrullas de la Policía Local bajo banderas sindicales y gritos de "desmantelamiento, privatización" o camisetas donde se leían mensajes contundentes: "Si privatizan el ferrocarril, todos perdemos el tren".

"Creemos que el Gobierno central está aprovechando claramente una situación de crisis provocada por todo el mundo menos por los trabajadores de este país, que son los que los están sufriendo para levantar toda aquella empresa pública que tenía su hueco dentro del mercado y estaba totalmente preparado para competir", añadió Salvador Molina, presidente del comité de empresa Adif. En este sentido, Molina aseveró que uno de los motivos de esta manifestación es que, a su parecer, les tienen "prestando servicios para que luego vengan los de trajes y corbatas y se lleven los dineros".

En este ambiente de crispación y donde todos querían aportar declaraciones al respecto, Francisco Ortiz, miembro del sindicato ferroviario, quiso advertir del peligro que supone la privatización. "Vamos a tener los mismos problemas que Argentina o Inglaterra tuvieron en su día. Si todo sigue así, el personal que se quede en la empresa la esquilmará y se la devolverá al Gobierno totalmente inservible para que la tenga que recapitalizar", añadió Francisco Ortiz.

Por otra parte, José Aranda, secretario ferroviario de la CGT de Granada, defendió que el ferrocarril público es de todos los ciudadanos, por lo que las decisiones tomadas por el Gobierno "son una estafa social que se hace contra la población". Además, añadió que "con varias manifestaciones no conseguiremos nada", insinuando cuáles serán los próximos pasos de un camino que, probablemente, llegue hasta la convocatoria de huelga general.

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