La pasada semana se conoció la resolución del conocido 'caso Alhambra' tras trece años de instrucción. Ante ello, el sindicato CCOO ha afirmado que los daños provocados por este caso a los trabajadores del monumento investigados, la mayoría de los cuales han salido absueltos, son "tremendos y de imposible reparación", después de que haya "gente imputada que ha fallecido con la pena de sentirse señalada en este proceso". Ante ello, el sindicato anunció ayer que apoyará el recurso de los seis trabajadores que sí han sido condenados.

Desde CCOO tacharon de "inhumanos" los tiempos de este caso que arrancó hace ahora trece años, y ha contado con más de diez años de instrucción, un juicio que se prolongó durante tres meses y una sentencia que tardó más de un año en dictarse.

Finalmente, "ha sido absuelto la gran mayoría del personal del Patronato de la Alhambra y Generalife acusado y los pocos trabajadores condenados van a recurrir la sentencia", señaló el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Agustín De la Cruz. A su juicio, no se ha demostrado la existencia de entradas falsificadas sino "de un sistema permitido por la dirección", el llamado sistema de compensación, y se ha preguntado "dónde está la responsabilidad de los altos cargos que deben velar por el correcto funcionamiento" de monumento, lamentando que parezca que "la culpa de todo la tienen los trabajadores oficiales de primera y segunda".

Asimismo destacó que las pérdidas de 11 millones que se llegaron a apuntar se han quedado en 130.000 euros y afirmaron que desde sus inicios el caso "ha estado plagado de incongruencias y resoluciones difícilmente justificables", como evidencia a su entender que tras haberse "imputado prácticamente a la mayoría de la plantilla laboral del monumento", 80 personas, "a día de hoy sólo quedan seis trabajadores condenados sobre pruebas que parecen circunstanciales".

Tal y como agregaron desde CCOO, "a los pocos trabajadores del monumento aún inmersos en el proceso ya no les constan los delitos mayores: cohecho, daños patrimoniales desproporcionados y apropiación indebida. No han podido demostrar en ningún momento, incrementos patrimoniales extraordinarios considerables como delitos".

De hecho creen que el fondo del caso "responde más a un problema organizativo, conocido por la dirección y puesto de relieve por el propio comité de empresa en su día, que a un verdadero litigio penal, sin que hayan sido investigados los responsables directos de la gestión del monumento".