Justicia La Consejería dio el visto bueno en julio de 2009 y hasta mandó un día a unos técnicos al juzgado

Del Arco y su largo combate contra las toneladas de papel

  • El juez lleva 16 meses pidiendo que la Junta digitalice el expediente del caso Alhambra, que ya acumula 80.000 folios · La administración no se niega, pero tampoco actúa

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A veces parece que la modernidad entra en nuestras vidas con la misma rapidez con la que viajaban las diligencias del siglo XIX. De eso puede dar fe Miguel Ángel del Arco, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que lleva 16 meses pidiendo en vano que la Consejería de Gobernación -aunque cuando empezó su lucha aún era de Justicia y Administración Pública- le digitalice el muy voluminoso expediente del llamado caso Alhambra, el proceso judicial abierto en septiembre de 2005 por un presunto fraude en la venta de entradas al recinto nazarí.

Decir que es voluminoso no es exagerar, en absoluto. A estas alturas de la instrucción, y según consta en la providencia que el juez envió el pasado 21 de octubre a la Consejería, las diligencias previas constan de "más de 80.000 folios y 57 DVD y cedés". Para dejar aún más claro que no se trata de un caso de poca monta, recuerda que "hay personadas 64 partes: 60 imputados, Junta de Andalucía, BBVA, Hoviarca y Federación de Hostelería, además del Ministerio Fiscal".

Recuerda, que no comunica, porque el asunto ya lo conoce la Consejería. Al menos desde el 3 de septiembre de 2009, cuando la por entonces delegada provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, informaba al juzgado de "la posibilidad de acometer la digitalización de la documentación de este procedimiento judicial, solicitando la disponibilidad del mismo".

Doce días más tarde, Del Arco contestó con una providencia en la que dejaba bien claro que sí que existía esa disponibilidad, que adelante. Expresó su deseo de que se pasaran de formato papel a digital "las piezas principales e informes periciales" y hasta recomendó la fecha que consideraba más idónea: el mes de agosto.

"En fechas posteriores -continúa el juez- se personaron en este juzgado trabajadores de la empresa IPSA manifestando que habían sido contratados para digitalizar el procedimiento y que comenzarían en fechas inmediatas, no habiendo realizado dicha tarea hasta el día de hoy".

Lenguaje judicial al margen -ese barroco "no habiendo realizado" le delata- se ve que ahí Del Arco manifiesta una mezcla de frustración y enfado, que conforme avanza la providencia parece transformarse en algo parecido a la resignación. Por ejemplo, cuando menciona que el 6 de mayo de 2010 una providencia acordaba que la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada informara "lo más pronto posible" sobre " la previsión y disponibilidad de digitalizar la documentación y fechas para llevarlo a cabo". O cuando, 20 días más tarde, la delegada, María José Sánchez, le escribe diciendo que había trasladado su solicitud a la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Gobernación, órgano al que Del Arco vuelve a dirigirse... seis meses después.

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