El juicio por la adjudicación de las obras de la rotonda de acceso a Armilla está visto para sentencia. Ayer se celebró la última sesión en la que la Fiscalía retiró la petición de cárcel para el alcalde de la localidad, Gerardo Sánchez, para quien sí solicita ocho años de inhabilitación por supuesta prevaricación.

Pese a que en un principio la Fiscalía solicitó ocho años de prisión para Sánchez por malversación de caudales públicos, en la calificación definitiva del Ministerio Público, a la que se adhirió la acusación popular que representa al PP, retiró esta petición de pena que también incluía ocho años de inhabilitación para el jefe del área de Urbanismo, y el gerente de la empresa mixta Armigesa, que finalmente queda fuera del caso. Sin embargo, este órgano sí que mantiene la solicitud de ocho años de inhabilitación por supuesto delito de prevaricación perpetrado por funcionario público para el alcalde y el jefe de Urbanismo.

Los hechos se remontan a 2010, cuando se decidió ejecutar con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento las obras de remodelación y ajardinamiento de la rotonda de entrada a Armilla bajo la A-44, en unos terrenos cuya titularidad es del Ministerio de Fomento.

La representante de la Fiscalía subrayó que la pena por prevaricación se basa en la "ausencia completa de un sustento jurídico" al procedimiento de contratación de las obras, que se iniciaron conforme a una decisión que "no tiene carácter escrito, absolutamente verbal y unilateral", con el jefe del área de Urbanismo, "prescindiendo de las normas más elementales que se recogían sobre la materia". Con base a esta información, el juicio quedó ayer visto para sentencia.