Granada es la cuarta provincia andaluza con más irregularidades denunciadas por la Agencia Andaluza del Agua en los dos últimos dos años, con 447 expedientes en tramitación.

La Agencia Andaluza del Agua ha incoado 3.290 expedientes sancionadores en los últimos dos años, tanto en la Cuenca Mediterránea como en la Atlántica, con unas propuestas de sanción que suman 6 millones de euros, según han informado a Efe fuentes de este organismo.

La mayoría de estas actuaciones se refieren a vertidos, captaciones ilegales de agua, apertura de pozos sin autorización y vertidos de escombros, actuaciones ilegales desarrolladas en la zona de dominio público hidráulico de ambas cuencas andaluzas.

A estas actuaciones ilegales hay que unir otras irregulares como la construcción de invernaderos o de muros de defensa, la ejecución de caminos paralelos a cauces, destrozos en la vegetación, extracción de áridos sin autorización, taponamiento de cañadas con desvío de las aguas, abandono de vehículos o el vertido de escombros en zona de dominio público hidráulico.

La mayoría de los expedientes incoados se tramitan contra particulares y los 289 procedimientos restantes se han abierto a ayuntamientos.

La Cuenca Mediterránea es la que suma un mayor número de expedientes: 2.783, frente a los 507 que se tramitan en la Cuenca Atlántica.

La provincia con más irregularidades denunciadas es Málaga, con 1.484 expedientes en tramitación y 124 casos con responsabilidad municipal, seguida de Almería, con 702, y Cádiz, con 478 -328 en la Cuenca Atlántica y las 150 restantes, en la Mediterránea-.En Granada se tramitan 447 expedientes sancionadores y en Huelva, otros 179.

La mayoría de estos expedientes acabarán en sanciones que oscilarán entre los 600 y los 30.000 euros, en función de la gravedad de las irregularidades cometidas y de una posible reincidencia.

El montante de las multas previstas para estos 3.290 expedientes se sitúa en torno a los 6 millones de euros, cifra que incluye el coste de los daños ocasionados al dominio público hidráulico que deberá ser asumido por el infractor.

La sanción máxima prevista por la normativa alcanza los 600.000 euros, un importe que exige que sea aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una situación que no se ha producido en los dos últimos ejercicios.