Todas aquellas viviendas vacías de Granada capital que estén en manos de grandes propietarios sufrirán una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 50% de cara al próximo año, que se verá reflejada en los recibos de 2023 de aquellos que, una vez redactado el documento de la normativa, para lo que el Ayuntamiento se ha puesto un plazo de seis meses, entren dentro del grupo afectado. Es decir, como la fecha de devengo de IBI está establecida para el 1 de enero del 2022, la subida se apreciará un año después, en 2023. Si bien, el resto de la población granadina no sufrirá subida de impuestos de cara al próximo año.

Así se recoge dentro del acuerdo de Ordenanzas Fiscales rubricado por el equipo de gobierno municipal del PSOE de Granada y la formación de Unidas Podemos (UP), que fue presentado este lunes por la concejal de Presidencia, Ana Muñoz, y el edil de UP, Francisco Puentedura, en el que, además, se incluye una ampliación del umbral para poder solicitar el llamado IBI social, con el fin de compensar la subida de valores catastrales del 3% que hubo en 2020 y que dejó a familias granadinas sin opción a esta bonificación del 90%.

Granada, según los datos de un estudio de la Universidad de Granada del año 2013, que dio a conocer la mañana de este lunes el edil de izquierdas Francisco Puentedura, cuenta con 15.000 viviendas vacías, de las que "el 80% de esas 15.000 viviendas, estaban en manos de grandes propietarios". Es decir, que, a falta de que se actualizasen los datos, como indicó el propio concejal –"habría que actualizar estos datos, que vienen recogidos en estudios que de forma bianual hace el Instituto Nacional de Estadística (INE)", aseguró, ya que en otro estudio del INE se indicaba que esa cifra bajaba hasta el 20%–, habría unas 12.000 viviendas, de confirmarse los datos de la UGR, en cuyos recibos se vería reflejada esta subida del IBI del 50%. Así, los granadinos, por lo general, no se verán afectados por ninguna subida de impuestos, ya que tan solo afectan, como insistieron los concejales, a los grandes propietarios.

Esta medida, que ya está en marcha en ciudades como Sevilla, Córdoba, Barcelona o San Sebastián, se incluirá en las Ordenanzas Fiscales municipales de 2022, por lo que desde PSOE y Unidas Podemos han puesto un plazo de seis meses para la redacción del documento de la misma, el cual definirá con concreción qué se entiende por vivienda vacía y quiénes entran dentro de los llamados "grandes tenedores" –aunque ya han avanzado que no serán como tal las segundas residencias y que serán aquellos grandes propietarios, bancos o "especuladores"– y que tendrá que "atenerse a la normativa autonómica y a la nueva ley de vivienda que está en trámite parlamentario", según explicó Puentedura.

Francisco Puentedura y Ana Muñoz.

Así, al incluirse dentro de las Ordenanzas del próximo año, no sería hasta 2023 cuando se vería reflejado en el pago para aquellos que sufran el recargo, que, según insistieron desde PSOE y UP, "estamos hablando de viviendas vacías en manos de especuladores, grandes tenedores y bancas, no de segundas residencias". Y es que, según la norma a nivel estatal, se consideraría a grandes tenedores a aquellos propietarios de más de diez viviendas.

Ampliación del umbral del IBI Social

Otra de las medidas incluidas dentro del acuerdo de Ordenanzas Fiscales para 2022 del Ayuntamiento de Granada es la de compensar el incremento del 3% del valor catastral que se produjo en el año 2020 y que hizo a familias de Granada quedarse fuera del umbral para solicitar el llamado IBI Social: la bonificación del 90%, que incluso puede ampliarse "al 95% con la domiciliación del recibo", según indicó Puentedura.

En concreto, el acuerdo expone que se elevará el umbral para poder solicitar dicha bonificación, cuyo número de beneficiarios bajó casi en un 60% durante el último año, de los 60.000 euros, en los que estaba establecido hasta la fecha, hasta los 62.000 euros. 

"Hay que tener en cuenta que el IBI estaba en 60.000 euros la primera vivienda sobre la que se podía aplicar la bonificación, al haber habido una subida del valor catastral del 3%, mucha gente que podía haberse beneficiado de esa ayuda quedó excluida por esa subida. Por eso pasa de 60 a 62.000 euros con el objeto de que puedan recuperar esa bonificación aquellas familias de rentas más bajas", explicó el edil de UP. Así, aquellas familias que este 2021 se quedaron fuera de esta ayuda, tras la subida del 3% del valor catastral de su primera vivienda, ahora podrán de nuevo solicitarla.

Tipos diferenciados de IBI

El acuerdo también incluye una "modificación de los usos y tipos diferenciados en el IBI para que actuaciones que sean más perjudiciales para la ciudad tengan su penalización en el impuesto", relató Puentedura. Esto se trata de la aplicación en los tipos diferenciados de IBI a nuevos usos, donde se incluirían casinos y salas de apuestas, gasolineras, bancos, salas de fiesta, colegios mayores, entre otros. Ante ello, se modificarán los umbrales de aplicación según criterios de progresividad fiscal para así poner fin a situaciones de "injusticia social y fraude" al aplicar el impuesto.

Esta medida de aplicación de tipos diferenciados de IBI a nuevas edificaciones, junto al incremento del 50% del IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios, podría suponer un incremento del ingreso que se habría estimado en unos dos millones de euros para las arcas municipales. Si bien, tal y como indicó el edil de UP a Granada Hoy, tan solo se trata "de una estimación" e insistió en que "no se sube el tipo general del IBI", por lo que, salvo los que se incluyan en estos parámetros, como los grandes tenedores, no se verían afectados los granadinos con residencias, de forma general.

Modificar el callejero fiscal

En aras de conseguir una mayor progresividad fiscal, el Ayuntamiento llevará a cabo una modificación del callejero fiscal, también en un "plazo máximo de 6 meses", con el fin de que "se establezcan criterios de mayor progresividad para que la carga de ingresos del Ayuntamiento no se exceda con las familias más vulnerables o con menos recursos".

En este sentido, tal y como explicó Ana Muñoz, "ahora mismo hay categorías en las calles. Hay calles que tienen más de 1 kilómetro, como por ejemplo, Joaquina Eguaras, una calle muy larga que no se puede comparar el primer tramo, con el intermedio o el final. Habrá que hacer una progresión en las calles de más de un kilómetro para que se vayan adecuando con la realidad socioeconómica de la calle. Hay muchos valores para ajustar la tipología de la calle de carácter socioeconómico, rentas, índices de desempleo. Entendemos que es cuestión de justicia ir adecuando el callejero fiscal a la realidad socioeconómica de Granada".

Otras medidas

Otra de las medidas que se incluyen es mantener "las ayudas e incentivos que ya se aplicaron en la tasa de ocupación de vía pública como en la tasa de basura o como impuestos y tributos". Asimismo, también será en un plazo de seis meses la aplicación de ese "nuevo paquete de medidas e incentivos de apoyo fiscal, hacia sectores económicos como el de la hostelería, turismo e industria de la cultura, para poder aplicar impuestos, tasas y tributos y precios públicos que aplica el Ayuntamiento".

De cara a los recibos del agua, "se mantendrá esa ayuda de 350.000 euros" –fondo Covid creado por Emasagra–, "con voluntad de que si se puede ampliar se amplíe para pequeños negocios y familias necesitadas con rentas bajas", indicó Puentedura.