La operación urbanística que ha realizado la Real Sociedad Hípica de Granada para conseguir su traslado a unas nuevas instalaciones en la Vega ha sido un motivo de polémica durante años. Pero cuando todo está reluciente, vienen las elecciones para decidir quién llevará las riendas de la nueva Hípica.

En este periodo electoral ha surgido un grupo de socios contrario a la actual directiva que ha promovido la impugnación de las cuentas económicas de la sociedad por supuestas irregularidades y deudas, además de la acusación de falta de claridad y transparencia en la gestión.

Para dirimir la certeza o no de esas acusaciones, la directiva ha encargado al colegio profesional una auditoría externa que certifique la situación actual de las cuentas y la gestión de la sociedad.

Pero esta investigación puede llegar antes o después de las elecciones, previstas en principio para el 7 de julio de este año. Ya ha empezado a constituirse la mesa electoral, según fuentes de la Hípica. Esa mesa tendrá que recoger las candidaturas que se presenten y, lo que es más importante en estos momentos, decidir si presentan los avales suficientes.

Los candidatos a presidir la sociedad tienen que llevar el apoyo explícito del 15% de los socios, que es una cifra de alrededor de 150 personas. El momento de la petición de avales es ahora, justo cuando se están moviendo las protestas por la gestión de la actual directiva.

Los portavoces de las críticas denunciaron hace unos días que la entidad tiene una deuda de 212 millones de euros y no se prevén medidas de amortización. También critican la falta de transparencia y de consideración de la asamblea al no haber dado detalles de la suscripción de un préstamo de 600.000 euros y de la adjudicación de los contratos de la nueva Hípica. Es decir, la explotación del restaurante, la estabulación de caballos, la escuela de equitación, el gimnasio, el mantenimiento y la seguridad.

Por su parte, la directiva asegura que ha seguido procesos totalmente transparentes y que si no se ha pedido la aprobación de la asamblea en determinadas cuestiones es porque se trata de asuntos urgentes.

La sociedad fue objeto hace más de un año de una inspección de Hacienda que duró 8 meses. La Hípica asegura que el resultado de aquella revisión fue la constatación de que la entidad tiene que recibir del Ministerio 1,8 millones de euros en concepto de devoluciones de IVA.

Estas cuestiones económicas que algunos quieren dirimir de puertas para adentro y otros pretenden sacar a la luz pública están muy relacionadas con el tenso proceso electoral que se avecina, dado que el actual presidente podría volver a presentar su candidatura y hay un grupo que está tanteando los apoyos para plantear una alternativa.

La operación de traslado no sólo ha dotado a la Hípica de unas nuevas y grandes instalaciones, sino que ha permitido algunos beneficios económicos, dado que la sociedad entregó a cambio uno de los terrenos más demandados de la ciudad, en Los Vergeles.

La empresa constructora Chinchilla fue la que convenió el traslado con la Hípica, aunque no sin grandes problemas por las interpretaciones dispares del acuerdo. En aquella ocasión también hubo socios que pidieron la impugnación del acuerdo con la constructora para conveniar con otra. Esta sociedad de recreo se ha convertido en los últimos años en una fuente inagotable de polémicas y de grandes intereses.