La jueza que investiga el caso Serrallo, por la construcción de una discoteca en una zona destinada a ocio infantil, ha recurrido a la Intervención General del Estado para que se encargue de aclarar si, como sostiene la Policía, ha habido perjuicios económicos para el Ayuntamiento de la capital, en beneficio del constructor Roberto García Arrabal.

La magistrada ha ordenado remitir la documentación del caso al organismo fiscalizador del Estado para que, en el plazo de un mes, elabore un "informe detallado" sobre el cumplimiento o no de las obligaciones económicas del plan parcial donde se construyó la sala de fiestas que hay junto al Centro Comercial Serrallo.

Durante la instrucción de esta causa, en la que se investiga a la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, a otros 5 altos cargos del municipio y al promotor García Arrabal, la Policía remitió un informe al Juzgado de Instrucción 2 de Granada en el que señalaba un supuesto trato de favor de algunos de los anteriores responsables municipales hacía el promotor que levantó el centro comercial. Apuntaban que habría una posible deuda pendiente de 2,1 millones de euros, que el empresario tendría que haber pagado a la ciudad por diferentes conceptos para el desarrollo urbanístico de esa zona.

Los investigadores echaban en falta un documento aprobado por la Junta de Compensación y supervisado por el Ayuntamiento de liquidación del Plan Parcial donde se incluyó el Comercial Serrallo y la discoteca que centra esta investigación judicial. Es decir, el trámite habitual que se sigue cuando los propietarios de un suelo lo urbanizan para construir en él y se llevan a cabo todas las compensaciones al municipio que marca la legislación, ya sea de tipo económico, de obras o de cesión de terrenos para espacios o equipamientos públicos.

Por otra parte, constan informes de altos cargos municipales (implicados en la causa), que dan por saldada esa deuda de más de dos millones e, incluso, consideran que los pagos (ya sea en obra o en metálico) habían excedido la cantidad total a pagar.

El punto más controvertido es la firma de un decreto en abril de 2013 por parte de la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, para levantar todas las cargas urbanísticas de esos terrenos, "con el consiguiente perjuicio inmediato y directo para el Ayuntamiento", que señalaba la Policía en su informe, pues los agentes no consideraban acreditado que el promotor hubiera hecho frente a sus obligaciones económicas con el municipio.

La misma UDEF proponía en su escrito que fuera "encomendado informe a perito competente en materia económica" para que, a la vista de ese trabajo policial y la documentación que consta en la investigación, "elabore informe detallado sobre cumplimiento de obligaciones" en relación a las cuentas de este Plan Parcial. La Policía agregaba entonces que el fin de esta pericial sería "contrastar" si sus propias conclusiones en materia económica son correctas.

La jueza del caso remitió después una petición a la Cámara de Cuentas de Andalucía solicitando su colaboración en este asunto para hacer la pericial reclamada. Pero este órgano contestó hace escasas semanas al Juzgado con un escrito en el que rechaza su petición, al considerar que "no puede iniciar ninguna actividad fiscalizadora" instada por el órgano judicial.

La Cámara recuerda a la jueza que es un "órgano de extracción parlamentaria" que, por tanto, depende del Parlamento de Andalucía. Sólo el pleno de esta Cámara o la Comisión de Hacienda y Presupuestos parlamentaria puede solicitar informes, memorias o dictámenes a este organismo de fiscalización económica.

La Intervención General del Estado, a la que finalmente ha recurrido la jueza, es un centro directivo de la contabilidad pública y entre sus funciones está la de "proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública". Habitualmente su responsabilidad está vinculada al cálculo del déficit de las Administraciones Públicas, tanto en la Administración Central como en las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social.