La actuación de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el desvío del barranco de San Jerónimo, que se investiga en el caso Nazarí, ha quedado en el punto de mira, después de que la jueza haya pedido a los peritos de la Junta de Andalucía que aclaren ciertos aspectos de aquella operación urbanística que han planteado varios investigados y que dejarían al organismo estatal en una posición complicada.

En los escritos que el Juzgado de Instrucción 2 de la capital ha remitido a los inspectores de la Junta, se pide que, entre otras cosas, aclaren si "existió una dejadez manifiesta en la tramitación realizada por la CHG, que estuvo más de un año sin realizar actuación ni pronunciamiento alguno" sobre la desafección de los terrenos que iban a liberarse tras las obras de desvío del barranco, en el Plan Parcial N2 de Caserío de San Jerónimo.

La jueza pide a los peritos de la Junta que aclaren los nuevos datos aportados

Esta es una de las denuncias que pone de manifiesto uno de los cargos de Urbanismo investigados en esta causa judicial, donde se investiga presunto trato de favor a determinados empresarios de la construcción.

En la misma línea se han pronunciado las defensas de otros investigados, como la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y de otros tres altos cargos del área. Su letrado presentó un extenso listado de cuestiones para someterlas a la aclaración de los peritos de la Junta que han hecho el informe sobre la actuación urbanística de este Plan Parcial, a petición del propio Juzgado. La magistrada ha aceptado remitir todo esto a los inspectores para que puedan hacer un informe aclaratorio al que ya presentaron en septiembre pasado y que era muy negativo respecto a los investigados en el caso.

La defensa de Nieto y otros cargos de Urbanismo, así como la del funcionario Gaspar Navarro, cuestiona algunas de las conclusiones de los peritos, que consideraban nula toda la tramitación urbanística de la zona, desde 2006; incluida la licencia a una urbanización de 300 viviendas ya habitadas, Ciudad de la Luz.

En aquel Plan Parcial, además de esa urbanización construida por el empresario José Julián Romero (también investigado), hay suelos de otros propietarios, algunos de los cuales son denunciantes en este proceso judicial, al entender que el Ayuntamiento y el promotor principal les perjudicaron con su actuación. El informe de la Junta venía a coincidir.

Por esos terrenos discurría el Barranco de San Jerónimo y las obras de urbanización preveían el desvío del cauce hacia una zona aledaña reservada en el PGOU para espacios libres. La obra se llegó a realizar, pero la urbanización de los terrenos quedó empantanada porque la CHG no ha permitido desafectar los suelos del cauce antiguo, una vez desviado y rellenado. Tienen que mantenerse como parte del dominio público, lo que invalida casi todo lo previsto en la parcelación. El resto de propietarios no han podido construir y el Ayuntamiento no ha obtenido las parcelas de cesión obligatoria que le corresponden. Las obras de urbanización de todo el entorno siguen empantanadas y hay que afrontar la expropiación de los terrenos del nuevo cauce.

En el escrito de estos investigados, se pone en cuestión en varias ocasiones la actuación que tuvo la CHG, como parte del problema actual. En particular, los responsables municipales denuncian que el organismo estatal hubiera cobrado los 250.297 euros que le correspondían como indemnización por el valor del suelo a liberar en el viejo cauce, pero luego ha exigido el mantenimiento del carácter demanial del terreno. Es decir, que no ha permitido liberarlos para localizar allí otras construcciones. Esto obligó al Ayuntamiento a iniciar una innovación del Plan Parcial que permitiría redefinir la parcelación, pero los peritos de la Junta también han valorado que esa modificación tampoco es viable como solución al problema, que podría pasar por una revisión estructural del PGOU.

Los investigados cuestionan la legalidad de esa negativa de la CHG a liberar los terrenos y piden a los peritos de la Junta que lo aclaren. También denuncian que los responsables del organismo que gestiona la cuenca hidrográfica hayan emitido informes "contradictorios" durante estos años, de modo que hay algunos que autorizan las obras y otros que las consideran ilegales.