El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, señaló ayer a preguntas de los periodistas que dos de las empresas investigadas a partir de 2015 por supuestas irregularidades en la gestión de la Alhambra han seguido trabajando con el monumento pese a que la Junta, personada como acusación particular, pidió al juez que tomara las "medidas cautelares" que pudieran impedirlo, que las "denegó". Vázquez explicó que el Gobierno andaluz pidió al juez que lleva el caso que las empresas que estaban siendo investigadas no "pudieran seguir concurriendo a los concursos públicos", si bien la autoridad judicial "denegó la petición".

Por tanto, "estas empresas, hasta que la justicia dictamine lo contrario, podrán seguir participando" y, en este contexto, dos de ellas "ganaron en buena lid" unos "concursos públicos abiertos, transparentes y absolutamente accesibles a cualquiera", detalló el consejero. Además, defendió que "esto no es una república bananera, como algunos se creen", en que "se pueden tomar decisiones al margen de las directrices o reglas que tiene un Estado de Derecho", y solicitó, en este sentido, a los partidos políticos de la oposición "dejar trabajar a la justicia" tras las últimas detenciones por supuestas irregularidades en la gestión de la Alhambra, cuyo patronato está "colaborando estrechamente" con la clarificación de los hechos.

El titular de Cultura recordó que la operación policial Colina Roja II es un asunto "que se remonta a 2015", fecha a partir de la cual se toman "medidas" que comienzan por el cambio en la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Se modificaron procedimientos de contratación, que ahora son "más ágiles" y "transparentes", señaló el consejero.