El PSOE copió ayer el discurso del PP cuando estalló el caso Nazarí y los dirigente populares calificaron de desmesurado el operativo policial que acabó con la foto del alcalde Torres Hurtado saliendo detenido del Ayuntamiento. Es el mismo discurso que ayer esgrimió el secretario general de los socialistas en la provincia, José Entrena, que calificó de "excesiva" la "puesta en escena" de las detenciones por supuestas irregularidades en el sistema de contratación del monumento, entre ellas las de la exdirectora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca. "Espero que aporte transparencia para que la justicia haga lo que tenga que hacer", defendió el también presidente de la Diputación en un acto institucional en el que lamentó la 'parafernalia' de la Policía Nacional cuando los funcionarios públicos y empresarios detenidos hubieran acudido "con normalidad a prestar su declaración tanto a dependencias policiales como a dependencias judiciales si hubieran sido citados". A continuación, Entrena subrayó que es "el primero" en querer que se conozca "lo que ha pasado y si ha habido alguna irregularidad o algún elemento que se haya hecho mal" para que, en ese caso, actúe la justicia.

Mientras, la Operación Colina Roja continuó ayer con más discreción y dos nuevas personas tuvieron que acudir por su propio pie a la Jefatura Superior de Andalucía Oriental para prestar declaración como detenidas, lo que eleva la cifra final a 26 tras la macroperación del martes en la que María del Mar Villafranca, junto con altos cargos de la anterior etapa, como Victoria Chamorro y José María Visedo, volvieron a recibir la visita de los agentes tras ser arrestados en 2015 por la investigación del contrato de las audioguías, un escándalo que propició la dimisión de Villafranca y la renovación del equipo que actualmente dirige el Patronato. Los dos nuevos detenidos se encontraban fuera de la provincia cuando se desencadenó la operación Colina Roja II y quedaron en libertad tras prestar declaración, al igual que el resto, a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 4 una vez que se haya analizado la voluminosa documentación intervenida y requerida en su momento al Patronato de la Alhambra y a otras instituciones. La Policía Nacional ha cifrado en cerca de siete millones de euros el importe defraudado por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en la Alhambra desde 2007 hasta 2015, en el marco de lo que considera una "trama" de un "grupo criminal perfectamente organizado" en cuya "cúspide" estaban "los máximos responsables del Patronato de la Alhambra y el Generalife".

En mitad del tsunami político, y con el PP señalando directamente a la Junta como responsable por la "red clientelar en la que basan su gestión", la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, trazó ayer una línea roja entre la gestión que se realizó en 2015 y la que se lleva a cabo en la actualidad, partiendo de la base de la "presunción de inocencia" de los detenidos. Según la delegada, la actual dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife, a cargo de Reynaldo Fernández, "está trabajando con absoluta transparencia y siguiendo toda la normativa vigente".

El propio Reynaldo Fernández señaló ayer que la Alhambra modificó la gestión del monumento tras la detención e investigación de la anterior cúpula por el conocido como caso de las audioguías y ahora cada contrato se hace por concurso, con un sistema simplificado que ofrece más claridad y evita interpretaciones. El director de la Alhambra explicó ayer que el Patronato aprobó modificaciones en la gestión desde que fue nombrado en el cargo y que otorgan mayor transparencia a las contrataciones. "Con más de 300 trabajadores, el número de detenidos representa menos de un uno por ciento, lo que no ha afectado al funcionamiento de la Alhambra", subrayó Fernández, que apuntó que parte de los detenidos trabaja ahora en otras administraciones y que ninguno tiene un puesto de responsabilidad en el monumento.

El director del Patronato incidió en que, desde que fue nombrado en julio de 2015, se separó de los puestos de responsabilidad y de las jefaturas de servicio a las personas implicadas en las investigaciones por presuntas irregularidades.