Como era previsible, PSOE y PP reaccionaron ayer de manera muy difernte ante la noticia de que la Audiencia Provincial había revocado la sentencia que condenaba a Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, a tres años de prisión por un delito medioambiental. La Audiencia entiende que los daños causados durante siete años por los vertidos de aguas residuales procedentes de una depuradora de la urbanización Llanos de Silva no han quedado del todo constatados y absuelve al ex regidor, que abandonó el cargo al recibir la sentencia condenatoria.

El PP se pronunció por medio del diputado provincial Antonio Granados, quien mostró su "máximo respeto" por la decisión judicial y no entró a valorar su contenido. Recordó, no obstante, que Sánchez tiene pendientes diez causas, ocho de ellas con diligencias abiertas desde la Fiscalía, y valoró que si dimitió como alcalde no fue por la sentencia condenatoria, sino por esas causas, casi todas ellas relacionadas con el "urbanismo salvaje" de Atarfe.

En su rueda de prensa, Granados repitió argumentos ya expuestos con anterioridad, como las supuestas irregularidades urbanísticas -habló abiertamente de "pelotazos"- o la deuda de 27 millones que tiene el Consistorio. "No se nos puede presentar como un ángel caído que dimitió por altruísmo. Lo hizo por la presión de los tribunales y por la asfixia económica de su Ayuntamiento", concluyó, no sin antes recordar que las supuestas irregularidades urbanísticas también afectan al sucesor de Sánchez en el cargo, Tomás Ruiz.

En el PSOE, su secretaria de Política Municipal, Elvira Ramón, acusó a los populares de haber sometido "a una auténtica cacería" al ex alcalde, al que llevan años "vilipendiando con una campaña de acoso y derribo" en la que, añadió, no han faltado "insultos, falsedades y un lenguaje propio de los capos de la mafia".

Instó al PP provincial y a su presidente regional, Javier Arenas -que apoyó explícitamente la petición de una comisión de investigación sobre Atarfe en el Parlamento de Andalucía, propuesta que fue rechazada por la mayoría socialista-, a que pidieran disculpas al ahora exculpado y les culpó de hacer un "daño ruin" a la democracia, algo para lo que estaría especialmente deslegitimado por tener "el récord de la corrupción urbanística".

El secretario de Organización de los socialistas, José Entrena, se pronunció en parecidos términos y se preguntó "quién va a reparar ahora el daño que se le ha hecho a Víctor Sánchez, que tiene un delicado estado de salud".