La Universidad de Granada (UGR) se va a "asociar" con otras universidades públicas andaluzas para reclamar a Hacienda el pago del denominado IVA de la investigación, según explicó el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera Viedma. Hacienda y varias universidades y centros de investigación españoles mantienen desde hace años una serie de discrepancias sobre la aplicación de este impuesto en los bienes y servicios destinados a la actividad investigadora. Hacienda exime del pago del IVA a las compras que se destinen a la investigación aplicada, mientras que exige el pago del impuesto a los bienes destinados a la investigación básica -que no suele acabar en transferencia- y la docencia. Las universidades, entre ellas la de Granada, discrepan de esta interpretación. Algunas ya han ganado por la vía judicial -es el caso de Salamanca, Vigo, Santiago y León- la reclamación del 100% del IVA en la adquisición de bienes para la investigación básica.

El caso de la UGR, según la información facilitada hace unos meses por la gerente de la institución académica, María del Mar Holgado, están en juego unos 10 millones de euros. La UGR prevé reclamarlos por la vía judicial y para ello, según el vicerrector, se han aliado los centros andaluces que se encuentran en la misma situación. No todas las universidades públicas están dispuestas a pleitear. Algunas, como la Hispalense, han llegado a un acuerdo con Hacienda para evitar llegar a los tribunales. Otras, como la de Granada, se sienten especialmente afectadas por el hecho de que las investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades no se consideran, para Hacienda, no son susceptibles de transferencia y por lo tanto "hay que pagarlo todo".

Recientemente, más de 40 centros y unidades de investigación españoles pidieron recientemente que se considere la investigación como actividad económica y de interés general, cuyas subvenciones no deben repercutir IVA, asunto que, según la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, está "razonablemente orientado", informó Efe.

Lo que reclaman estos centros y unidades -25 Severo Ochoa y 16 María de Maeztu- es que no se cuestione la deducibilidad del 100% del IVA soportado, vinculado a la compra de bienes y servicios para la investigación -por ejemplo, material de laboratorio-. Para solucionarlo hay un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, desde donde hay "una enorme sensibilidad y no solo buenas palabras", según Vela.