Durante más de dos horas permaneció ayer la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, en el despacho del juez de Instrucción 6, Miguel Ángel del Arco, que instruye la causa penal abierta por presuntas irregularidades en el control y venta de entradas al conjunto nazarí. Villafranca acudió a declarar en calidad de testigo, para aclarar, como ella misma explicó a la prensa, "algunos aspectos procedimentales de las actas de la comisión de seguimiento que manteníamos el BBVA y el Patronato de la Alhambra".

La directora garantizó que el Patronato siempre ha desarrollado todos sus actos administrativos correctamente y negó la existencia de irregularidades en la data o entrega de las referidas actas, frente a lo sostenido por la entidad financiera, que advirtió en un escrito presentado en el juzgado de que algunas de ellas "ni fueron elaboradas en la fecha que en las mismas se indica, ni fueron entregadas en su día al BBVA".

"He aclarado tanto al letrado del BBVA como a los de las otras defensas que el Patronato, como no puede ser de otra manera, desarrolla sus actos administrativos de un modo correcto", subrayó, al tiempo que resaltó que "no existía la obligación en el convenio de realizar actas y, sin embargo, el Patronato las hacía".

La responsable precisó que su declaración giró en torno a "cuestiones puntuales, de detalle, sobre las personas que participaban en las reuniones de seguimiento, sobre los temas que se trataban y sobre la forma de las actas", explicó Villafranca, dejando claro que no eran actas "de ningún órgano colegiado".

En este sentido, comentó que las actas se confeccionaban como un "memorándum" que servía para "ir tomando el pulso a las cuestiones a plantear".

La declaración de Villafranca, que recordó que el Patronato ejerce la acusación particular en la causa, se produce después de que el BBVA pidiera al juez Del Arco, titular de Instrucción 6, que la citara para que aclararan la fecha de elaboración, entrega y contenido de varias de las actas.

El banco, que se encargó de la venta anticipada y reserva de entradas hasta el verano del año pasado, alegaba en su escrito, según Efe, la posible comisión de un delito de falsedad documental relacionado con ciertas actas de las reuniones de la comisión de seguimiento.

La directora garantizó que "de la documentación que formaba parte de las reuniones era conocedor el banco, porque si no no sé para qué nos reuníamos".

En el ya conocido como 'caso Alhambra' figuran alrededor de medio centenar de personas imputadas, la mayoría de ellas trabajadores del monumento. Hoy está previsto que declare como también testigo la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro.