Las cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de Granada pretende instalar en las calles del centro histórico tendrán su sede de control en la Comisaría de la Policía Nacional situada en la Plaza de los Campos. Las cámaras deberán ser instaladas con el ángulo exacto para grabar la vía pública pero no los edificios particulares y no registrarán la voz.

Los detalles de uno de los proyectos más controvertidos de la ciudad están recogidos en el pliego de condiciones que el Ayuntamiento de Granada ya tiene redactado, a la espera de que la comisión de videovigilancia del TSJA dé el visto bueno final a la idea. Será entonces cuando se añadan al pliego otras características técnicas como la marca de las cámaras o los sistemas de fijación a la vía pública que se emplearán.

Miembros de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento y representantes del Centro Comercial Abierto se reunirán la próxima semana para cerrar los flecos del proyecto que se presentará el próximo viernes a la junta de gobierno local. Si todos los plazos se cumplen según el calendario previsto, el lunes día 17 de diciembre el subdelegado del Gobierno tendrá en su poder el proyecto y en un mes el Ayuntamiento tendrá la autorización o la negativa de la comisión de videovigilancia del TSJA.

El proyecto ya sufrió una modificación para adaptarse a las indicaciones de la Policía Nacional. Dicha modificación instaba al Ayuntamiento a incluir en el proyecto una indicación clara a los peatones para avisarles, cuando la idea se materialice, de que van a entrar en una zona vigilada.

El Centro Comercial Abierto cifró en sus primeros estudios entre 150.000 y 180.000 euros el coste de la instalación del sistema de videovigilancia. De momento el proyecto dispone de una partida presupuestaria europea procedente de los fondos URBAN.

El mapa diseñado por los comerciantes habla de la instalación de 16 cámaras en la ciudad: cuatro en la calle Mesones, dos en la Plaza de la Trinidad, una en calle Tablas, Puentezuelas, Recogidas, Alhóndiga y Plaza de la Pescadería, dos en Bib-Rambla, dos en Reyes Católicos y una más en la plaza de los Lobos, zonas donde a juicio de los comerciantes puede concentrarse el mayor índice de actuaciones delictivas contra los comercios del Centro.

Granada no será la primera ciudad andaluza donde se implante el sistema de videovigilancia. Málaga ya dispone de este circuito de cámaras en su centro comercial desde hace meses. Allí el proyecto tuvo que ir tres veces a pleno hasta que consiguió el consenso final de todos los grupos políticos.

Aunque no hay una legislación concreta al respecto, desde el Ayuntamiento son conscientes de que al ser un proyecto que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos es tradición que las instituciones implicadas no adopten decisiones sobre esta materia sin un consenso de todos los grupos políticos.

Los grupos de la oposición han manifestado en varias ocasiones que el proyecto de videovigilancia debe ir acompañado de otras medidas de seguridad, más allá de la colocación de cámaras, para garantizar su éxito.