La ciudad, sentenciada a apretarse el cinturón

  • A la crisis del sector que más fondos reporta, el Urbanismo, se ha sumado una lista de sentencias contra el municipio que preludian estrecheces en la Plaza del Carmen

Las vacas gordas se fueron de la ciudad hace meses y las que ahora llegan no están flacas, sino famélicas. El Ayuntamiento de Granada ha pasado cuatro años espléndidos, desde el punto de vista económico, que el gobierno de Torres Hurtado aprovechó para llevar a cabo vistosas y sustanciales reformas urbanas. Pero además de llegar la crisis inmobiliaria, que paraliza una de las grandes fuentes de ingresos municipales, la capital se ha encontrado con una serie de reveses judiciales consecutivos que se traducen en muchos millones de euros de pérdidas.

Además del golpe moral que estos días ha supuesto para el gobierno local perder la batalla del IAE con el Estado, aquel tendrá que asumir una merma de ingresos de unos 15 millones de euros que en parte estaban previstos en los presupuestos y, por tanto, se contó con ellos para realizar gastos e inversiones en la ciudad o, cuando menos, para garantizar un remanente de tesorería positivo al acabar el año.

Cuando en 2004 el Ayuntamiento inició la batalla con el Ministerio de Economía para recibir una compensación más elevada por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas anunció también una subida general de casi el 30% del IBI en 2005 que se justificó diciendo que el Estado había pagado al municipio menos dinero del que le correspondía y había que compensarlo de algún modo. El gobierno de Torres Hurtado llegó a anunciar que devolvería esa subida si al final el Ministerio pagaba todo lo exigido.

Ahora el Ayuntamiento no sólo no podrá hacer frente a esa promesa hecha a los ciudadanos, sino que se encuentra con cierto desequilibrio en sus cuentas, pues ha contado con dinero que no va a recibir porque el tribunal ha sentenciado que no le corresponde. No obstante, el gobierno ha minimizado el problema estos días porque asegura que ese dinero apenas se ha comprometido para gastos.

Además, no está todo perdido, porque la sentencia no es firme y el Ayuntamiento ha presentado un recurso. Las perspectivas de prosperar son dudosas por la claridad de la última sentencia, pero al menos servirá para retrasar el problema.

Éste no es el único sobresalto que el ejecutivo del PP se ha llevado en los últimos meses procedente de los tribunales. En lo tocante exclusivamente a la economía, se han sucedido otras dos sentencias demoledoras para los intereses de la ciudad.

La última de ellas, conocida sólo unas semanas antes que la del IAE, es la de las expropiaciones del Parque Tecnológico de la Salud. El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia anterior que anulaba los procesos expropiatorios que se llevaron a cabo hace diez años en esos terrenos. Por tanto, el único camino que le queda al Ayuntamiento es compensar a los antiguos propietarios. Las estimaciones de la oposición municipal se elevan a los 18 millones de euros de coste para la ciudad, aunque esta cifra es muy relativa porque no se puede cuantificar muy bien algo que está por negociar y que además puede pagarse en especie, con aprovechamientos urbanísticos en otra zona.

Aunque así fuera, no deja de significar una pérdida económica para el municipio, que dejaría de ingresar mucho dinero por la venta de esos aprovechamientos.

A diferencia de este problema, que el Ayuntamiento tiene que solucionar ya, hay otro que se encuentra recurrido pero que una resolución inicial de diciembre pasado le ha servido al municipio para hacerse el cuerpo de que puede enfrentarse a otra indemnización económica de unos 13 millones de euros. Se trata del asunto urbanístico conocido como el Edificio Penta.

El Urbanismo, que ahora está dando todos éstos y algunos disgustos judiciales más al gobierno local, ha sido durante los últimos años un manantial de ingresos. Pero esta fuente, como para todos los sectores económicos en general, también se seca para el Ayuntamiento.

Además de la escasez de aprovechamientos urbanísticos que va a poder vender cuando no haya mucho más suelo que poder desarrollar, está la reducción de la recaudación de los impuestos relacionados con el sector. Algunos como el de Construcciones o el conocido como Plusvalía van a sufrir a partir de este año un importante recorte.

Así que en este escenario, el gobierno popular tendrá que obligar a la ciudad a apretarse el cinturón, aumentar el endeudamiento o... siempre queda el milagro de los panes y los peces.

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