El fiscal concluye que la contaminación de Raja Santa fue "extraordinaria"

El fiscal mantuvo ayer su petición de ocho años de inhabilitación para los cuatro cargos públicos imputados como presuntos responsables de vertidos contaminantes en el acuífero de Raja Santa, en Atarfe, y en su informe final dedicó muy duras palabras al Ayuntamiento de esa localidad, a cuyos responsables no sólo considera autores de esas actuaciones, sino promotores de las mismas. La consecuencia, abundó, fue "una contaminación extraordinariamente elevada que pudo producir un grave riesgo ambiental".

El ministerio público realizó ésta y otras muchas críticas en la última sesión de la vista oral que se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número 2 contra el alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, los concejales Tomás Ruiz y Luis Pozo y el ex jefe del servicio de Bienes Culturales de la Junta, José María Visedo. La acusación particular se sumó a esa petición condenatoria y la defensa reclamó la absolución de todos los acusados.

En su informe final, el fiscal trató de demostrar que en una balsa de alpeorujo cercana a Raja Santa se depositaron residuos urbanos, escombros y elementos metálicos, unas actuaciones a las que el Consistorio, dijo, no podía ser ajeno. Posteriormente procedió al sellado de esa balsa, lo que provocó que esos residuos presionaran hacia la parte más permeable del terreno y que el alpeorujo se desbordara finalmente y contaminara del acuífero de Sierra Elvira.

"De forma clandestina y prolongada, no sólo echaron tierra, sino también elementos que aumentaban el riesgo. Hubo una contaminación extraordinariamente elevada que pudo producir un grave daño ambiental", enfatizó.

La acusación particular también consideró "acreditada" la autoría del Ayuntamiento y del representante de la Junta. "Se produjo como resultado un peligro abstracto, pero no hace falta que se detecte una contaminación real, sino que basta con tener en cuenta la situación de riesgo que se dio", insistió.

La defensa, en un informe que se prolongó por espacio de casi dos horas, trató de rebatir todos los argumentos y avanzó que, en caso de obtener una sentencia desfavorable, presentará un recurso.

A su entender, no se ha demostrado en ningún momento que se hayan contravenido leyes medioambientales. "El fiscal no hace ninguna alusión a norma alguna. Ha traído aquí un ojo sin visión", incidió, para más adelante recordar que la empresa a la que inicialmente se consideró responsable de los vertidos, Rústicos del Río, ya recibió una sanción administrativa y que el caso quedaba así cerrado.

"El informe del ministerio público es una repetición del de la Guardia Civil", añadió el abogado, que también trató de aclarar que el Ayuntamiento podría tener responsabilidades medioambientales en el núcleo urbano, pero no en una zona rural y remarcó que no podía darse por hecho que la fisura detectada en la superficie de la balsa llegara hasta el fondo de la misma, que su contenido se filtrara al acuífero y que el agua que éste contenía estuviera contaminada. "Nada ha quedado acreditado", resumió.

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