El exvicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo (IU), declaró ayer por el caso Mercamed y aseguró que todas las contrataciones que autorizó para la feria empresarial que se celebró en Tetuán en mayo de 2011 contaban con el respaldo de los técnicos, sin que éstos expusieran reparo a los expedientes. Además, descartó que la gestión de este evento provocara quebranto económico a la institución, sino todo lo contrario.

Bernardo ha sido el primero en declarar en la vista oral del llamado caso Mercamed, que desde el martes sienta en el banquillo de los acusados a un total de doce personas, entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas, por supuestas irregularidades en las contrataciones para la celebración de esta feria empresarial que contaba con financiación europea.

El exvicepresidente en época de IU y PSOE, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación, ha narrando ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que, si bien desconoce los pormenores técnicos de los distintos expedientes, nunca "firmó nada que no hubiera sido firmado antes por los técnicos", concretamente los jefes de Servicios y de Sección, que eran los que le pasaban la documentación que debía autorizar. "Doy por hecho que los técnicos han hecho bien el trabajo (...) ni sé, ni preguntaba acerca de los expedientes de contratación, los firmaba y punto", agregó Bernardo, que negó conocer o tener intereses respecto a las empresas que resultaron beneficiarias de las contrataciones.

En su declaración, señaló que debido a la "situación sobrevenida" de que, en vísperas de la feria, fuera retenido en el Puerto de Tánger el material necesario para el montaje de la misma, se tomó la decisión de que una empresa local, Juridicus Maroc, se hiciera cargo de la situación, a pesar de que, según el fiscal, ya se había contratado a entidades españoles para la prestación de esos servicios.

Bernardo defendió que en ningún momento hubo reparo de los técnicos a ese cambio y que en todo caso la Diputación no firmó una nueva adjudicación de servicios sino un documento que garantizaba a la entidad marroquí que las empresas españolas le pagarían por su labor, como posteriormente ocurrió.

Según su testimonio, se tomó esa decisión porque era "la única salida" para que se celebrara esta feria que contaba con financiación europea y que de no haberse llevado a cabo hubiera producido un quebranto económico a la institución provincial por la cantidades que habría que desembolsar.

En la primera sesión del juicio también declaró un subordinado directo del exvicepresidente de Diputación, Jorge L.L., quien refrendó la versión de su superior y precisó que la empresa marroquí que desempeñó servicios para la feria fue propuesta por la propia Cámara de Comercio de Tetuán y las autoridades locales y que fue contratada por "causa de fuerza mayor". Todo se hizo, según alegó, contando con el visto bueno de los servicios técnicos y sin que se produjera duplicidad de servicios, en el marco de un proyecto que se realizaba por primera vez en la historia de la institución y que acabó siendo "un éxito".

Detrás de él declaró ante el tribunal la técnico que firmó en territorio marroquí el documento con la empresa local que trabajó para el evento, la cual narró que se encontraba en la zona "por casualidad" por otro trabajo y fue llamada por Julio Bernardo a raíz de los acontecimientos.

Fue este último quien le pidió, según declaró, que firmara el documento "de garantía de pago" y dijo que lo hizo, pese a que estaba en francés, con la confianza de que se lo había pedido su superior y de que éste le había trasladado el visto bueno de los técnicos. El juicio continuará hoy.