El funcionariado de la Administración de Justicia de Andalucía se ha manifestado hoy en Granada en el inicio de una huelga de carácter indefinido que reclama una subida salarial acorde con las funciones que realizan y, las cuales denuncian, no les son reconocidas. La protesta se ha llevado a cabo frente a la Subdelegación del Gobierno de Granada por la discriminación que vive este colectivo, y que se repetirá a diario en otros puntos de la capital como antesala de la manifestación que se prepara el próximo jueves en Madrid y a la que acudirán funcionarios de toda España ante la falta de respuesta del Ministerio que dirige Pilar Llop.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que el Ministerio no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras, que representan el 93% del total de la Oficina Judicial.

La responsable de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha recordado que este departamento "el Gobierno ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos".

El sindicato ha subrayado que los funcionarios -un millar en Granada, unos 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España- están siendo tratados como "funcionarios de segunda" frente a otros cuerpos, y ha recordado que "llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente", de forma que "si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca".

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT- exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España.