educación Polémica por la modificación de la orden del Plan de Calidad

Los cambios en los incentivos al profesorado generan malestar entre los sindicatos

  • La Junta se ha visto obligada a acatar la sentencia del TSJA que cuestionaba que los docentes fueran los únicos que decidieran la aplicación de este controvertido programa · Es la segunda transformación del Plan de Calidad en tres años

Comentarios 1

Los cambios introducidos en el Plan de Calidad por la Junta han provocado un cruce de acusaciones entre los sindicatos y todo porque su aplicación ya no es decisión exclusiva de los docentes. La sentencia del TSJA que cuestionaba varios aspectos del citado plan, que no contaba con el visto bueno de algunas centrales sindicales desde el principio, ha obligado a la Consejería de Educación a restar competencias al cuerpo de profesores que son, principalmente, los responsables del desarrollo de dicha orden, conocida como de los "incentivos" al gratificar hasta con 7.000 euros a los profesionales de la enseñanza en caso de que se logren los objetivos marcados por el centro educativo. Ahora padres, personal de administración y servicios (PAS) y hasta autoridades municipales decidirán si el colegio o instituto se acoge a él. Es el segundo cambio en el mecanismo de elección del programa desde que inició su implantación en 2008.

Los principales responsables del éxito del Plan de Calidad serán los maestros y profesores, pero la decisión sobre su aplicación no la tendrán sólo ellos. Éste es el nuevo panorama que se presenta en los 284 centros granadinos que desarrollan el programa tras la adaptación a la sentencia del TSJA que, tras un recurso presentado contra esta orden por el sindicato Ustea, cuestionaba que el claustro de docentes sea el órgano competente para tomar la citada decisión. De hecho, el Alto Tribunal andaluz considera que la fórmula contemplada por la administración regional entra en contradicción con la Ley de Educación Andaluza (LEA) de 2007, que designa al consejo escolar (integrado por representantes de la dirección, docentes, padres, personal de administración y servicios y en algunos casos, ayuntamientos) el poder para aprobar y evaluar el plan del centro y, por ende, la decisión de participar en los distintos programas educativos.

Esta modificación, anunciada en las vísperas de la Semana Santa y tras más de ocho meses desde que el TSJA hiciera pública la sentencia, ha provocado un cruce de acusaciones entre los sindicatos de enseñanza. El primero en rechazar los cambios ha sido la sección de enseñanza de CCOO que ha hecho responsables a Ustea y CSIF de esta "pérdida de capacidad de decisión". Su secretario general de enseñanza, José Blanco, considera que con los cambios "se condiciona el Plan de Calidad" y que se "relega" el papel que hasta ahora ha desempeñado el claustro de profesores. "La nefasta gestión de estos sindicatos va a perjudicar muy seriamente a los centros educativos", señala Blanco, que asegura haber defendido siempre que el claustro sea "el que tome todas las decisiones relacionadas con las cuestiones pedagógicas de un centro".

Otro de los sindicatos que se han pronunciado al respecto ha sido la ANPE, que en declaraciones a este diario ha señalado que los cambios introducidos por la Junta en el Plan de Calidad suponen una merma de competencias para el claustro de profesores, aunque "acatan" la modificación al responder a los requerimientos de los tribunales.

Ustea, sin embargo, rebate todas las opiniones al mantener que el Plan de Calidad "no lo deciden los claustros sino que lo impone la Junta a través de unos mecanismos". "Siempre defenderemos que la plantilla docente de un centro sea la que decida los programas didácticos a desarrollar, pero éste no es el caso, ya que aquí no se persiguen los objetivos de calidad que pregona la Junta, que lo que pretende es articular una imposición para hacer a los profesores los únicos responsables del fracaso de la enseñanza en Andalucía", apunta José Segovia Aguilar, responsable de acción sindical de enseñanza de Ustea.

Para Francisco Hidalgo, presidente del sector de la enseñanza de CSIF, "pese al cambio introducido por la Junta en el plan, está claro que si el claustro se muestra disconforme con implantar el programa, el consejo escolar no lo va aplicar, ya que ellos son los responsables de desarrollarlo y de su éxito". "El hecho de que ahora la última palabra la tenga el consejo no es más que un mero trámite, que corroborará la decisión tomada por los docentes", añade Hidalgo. Este sindicato, a diferencia de Ustea, interpuso un recurso al considerar que no se cumple el acuerdo adoptado por los sindicatos firmantes del Plan de Calidad, entre los que se encontraba esta central.

La modificación mencionada supone dar voz y voto a los padres y madres con representación en los consejos escolares, sobre la implantación o no del citado plan. Los progenitores opinan que este cambio supone una "democratización" en la gestión de los centros educativos, ya que a partir de ahora decisiones como ésta "pasarán por el filtro del consejo escolar donde participa toda la comunidad educativa". No obstante, algunas federaciones de ampas se oponen a la orden de los incentivos por entender que no se puede "comercializar" con la enseñanza.

Con este cambio ya son dos los que sufre la orden de los incentivos desde su puesta en marcha en 2008. El primero se produjo a los pocos meses de empezar a funcionar, en concreto, en octubre de 2008 cuando la Junta decidió que para aprobar su aplicación sólo era necesario contar con los votos favorables de los tres cuartos del claustro en lugar de la mayoría como en principio se estableció, un intento de facilitar su implantación ante el rechazo que había sufrido el programa en una parte de los centros educativos -sobre todo institutos- en su primera convocatoria.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios