Con sólo siete años los abusos sexuales eran parte de la rutina habitual. Su padre la dejaba durante todo el día al 'cuidado' de un amigo, pero éste, su primo y su tío, que era un anciano, usaban el cuerpo de la menor para llevar a cabo tocamientos y diversas prácticas sexuales, incluidas felaciones.

La niña vivía en 2007 en un municipio del Cinturón bajo la custodia de su padre, que trabajaba fuera de casa durante todo el día. Llegó a un acuerdo con un amigo para que se trasladara a vivir a su casa y así cuidara de los cuatro hijos menores durante sus ausencias. Con la llegada de este hombre a su domicilio comenzó el verdadero calvario de Leticia (nombre ficticio), que tuvo que "satisfacer sus deseos sexuales" y los de otros familiares de éste, durante al menos dos años; hasta que un día, con 9 años, tuvo que ser atendida en el Hospital por molestias en los genitales y todo salió a la luz.

Los médicos encontraron vello púbico en las zonas íntimas de la niña. Su madre, alarmada, consiguió al día siguiente que Leticia le contara lo ocurrido durante todo ese tiempo atrás. Comenzó entonces (2009) un largo proceso judicial que no dio lugar a las primeras condenas hasta diciembre de 2015. Y no ha sido hasta ahora cuando las penas se han confirmado, pues el Tribunal Supremo he emitido un auto que rechaza admitir el recurso presentado por los tres abusadores. Leticia ya es mayor de edad y hasta ahora no ha podido, en el aspecto judicial, cerrar esta página negra de su vida infantil. Así lo confirma Yolanda Solana, la abogada de la Asociación Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (Amuvi), que ejerció la acusación particular en representación de la madre de la menor.

Con el rechazo del recurso, se confirman las penas de cárcel y otras medidas impuestas a los tres acusados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el año pasado. El amigo del padre de Leticia (de 55 años), que vivía en su propia casa, es el principal condenado -8 años y medio de prisión- al ser considerado autor de un "delito de abusos sexuales continuados con penetración bucal" y con "abuso de superioridad". También tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros de su víctima y comunicarse con ella durante diez años.

El segundo condenado, que tenía 79 años, fue considerado también autor de delito continuado de abusos sexuales y recibió la pena de dos años de cárcel, además del alejamiento a más de 200 metros durante 5 años. Y el tercero, por el mismo delito (pero no continuado), fue condenado a un año y dos de alejamiento de la víctima. Entre los tres tendrán que pagar 33.000 euros de indemnización.

Según el relato de los hechos probados, el cuidador de la niña la sometió a diversas prácticas sexuales: "Se sentó en un sillón y cogió a la menor, poniéndola sobre él con las piernas abiertas y moviéndola de forma que imitaba el acto sexual, mientras frotaba su pene contra la vulva a la vez que la besaba en el cuello, cara y boca", según consta en la sentencia analizada por el Tribunal Supremo.

En otras ocasiones, "tras quitarse los pantalones y quitarle las bragas a la menor, tumbaba a ésta y se colocaba sobre ella realizando frotamientos con su órgano sexual en el de ella", según quedó constatado como hecho probado, junto a otras duras escenas que la víctima describió en su relato de los hechos. Una de las situaciones que más incrimina al condenado es que la "obligaba a que le masturbara con carácter previo o posterior a los frotamientos; y en una ocasión consiguió que le realizara una felación".

Durante esos años, la menor fue en varias ocasiones a comer a casa de sus vecinos, donde estaban el tío y el primo de su cuidador. Éstos, que son los otros dos condenados, realizaron tocamientos y otros actos sexuales con la niña, aprovechando que se quedaban a solas con ella.

El Tribunal Supremo confirma en su auto que la declaración de la víctima ofrece la credibilidad suficiente y que resultó "corroborada" por la testifical de la madre y los médicos, así como por las pruebas periciales de evaluación psicológica de la niña.

Los condenados vieron reducidas sus penas de prisión porque la Audiencia les aplicó la atenuante de dilación indebida, que es la tardanza del proceso judicial. El Supremo también aprecia que hubo una "demora irrazonable e injustificada en la tramitación", aunque no la considera suficiente para admitir el recurso.

La abogada Yolanda Solana lamenta que "el mal funcionamiento de la Administración acabe beneficiando al agresor" y agrave más la situación de las víctimas, pues en estos casos "hasta que no hay juicio la herida permanece abierta mucho tiempo", explica esta letrada, muy vinculada a los asuntos de abusos sexuales.