Cinco familias de la localidad de Pinos Puente permanecen en vilo ante la posibilidad de ser desalojadas de las viviendas que ocuparon en un inmueble de tres plantas que la empresa Alhambra 2002 comenzó a construir hace más de siete años en el municipio. A causa de la crisis, la citada firma quebró y tuvo que acogerse a un proceso concursal. Desde 2007 quedaron parados los trabajos en el edificio.

Alrededor de siete meses permanecen ocupados cinco pisos de la segunda planta por una veintena de personas, cinco matrimonios jóvenes con una docena de hijos menores de edad. Se da el caso de que el inmueble no cuenta con la licencia de ocupación.

De hecho, en 2010 el Ayuntamiento de Pinos Puente emitió un expediente en el que requería a la constructora acometer una serie de actuaciones para legalizar la construcción -ésta superaba los metros cuadrados de edificabilidad y no contaba con algunas medidas de seguridad tales como barandillas en las escaleras-. El conjunto de las reparaciones ascendía a 43.000 euros. Al caer en concurso de acreedores, esas tareas no se han podido ejecutar.

Pese a esta situación, la "extrema necesidad" de las familias hizo que accedieran a este lugar para encontrar cobijo. Antonio Fajardo, uno de los afectados, asegura que antes de optar por la entrada en el bloque se dirigieron al registro de la propiedad para conocer qué viviendas no tenían propietario.

Tras saber que cinco de los doce pisos de la segunda planta del edificio no tenían dueño, optaron por ocuparlos "pacíficamente". Desde entonces, según cuentan, ellos se han hecho cargo del mantenimiento y limpieza de este espacio. Siete meses después de su llegada, los cinco matrimonios se enfrentan al desalojo.

En cumplimiento con el dictamen del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, la Guardia Civil tenía previsto ayer ejecutar la decisión judicial. Conocida la postura por las familias se negaron a salir de los pisos mientras que no se proceda al desalojo. Antonio Fajardo pedía ayer comprensión. "Yo sí puedo estar en la calle, mi hija no. Dónde la llevo. Mis suegros y mis padres no tienen habitaciones donde meternos", decía.

Lejos de evadir responsabilidades económicas, los ocupantes dejaron claro que ellos están dispuestos a pagar por habitar ese inmueble. Otro de los moradores, Rafael Francisco Megías, comentó que en todo el bloque hay 86 viviendas vacías. "Queremos pagar lo que podamos. Una cifra razonable porque todos estamos parados. Algunos de nosotros cobran salarios sociales, otros nada, somos insolventes pero la familia nos puede ayudar un poquito".

A falta de resolverse esta cuestión, todos esperan a que el Juzgado de lo Mercantil traspase la propiedad al Banco Popular que financió la operación. A partir de ahí, la entidad bancaria será la que tenga que proponer una fórmula para buscar una solución al problema.

Mientras tanto, la plataforma Stop Desahucios acudió ayer a Pinos Puente para manifestar su apoyo a las familias perjudicadas.