El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, ha citado a declarar la próxima semana en calidad de investigado a un funcionario del Patronato de la Alhambra y el Generalife que eleva a siete la cifra de implicados en esta causa, así como a tres testigos.

En esta causa se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en torno a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España, un asunto por el que en su momento dimitió la directora del monumento, María del Mar Villafranca, que es una de las investigadas. Este nuevo empleado, que operaba como jefe de negociado de ingresos, tenía locución directa con la empresa a la que se adjudicó el servicio e intervino en informes que se hicieron al respecto de este contrato, habiendo salido a colación a lo largo de la instrucción, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Aunque estaba previsto que declarara este miércoles, su letrado pidió un aplazamiento a fin de tener más tiempo para preparar la causa; de modo que su comparecencia se ha fijado para el próximo 25 de julio, coincidiendo con una testifical, que se producirá en la misma jornada. La previsión inicial es que los otros dos testigos declaren los días 24 y 28.

La primera fase de declaraciones de investigados, que afectó a seis personas, se produjo entre abril y junio e incluyó al que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra José María Visedo y a la ya exdirectora del monumento.

Villafranca afirmó ante el juez haber actuado "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal", garantizando que los intereses públicos del Patronato al que ella representaba "han estado salvaguardados".

En contraposición, cuestionó la "imparcialidad" de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el monumento a raíz de este caso, tachándolo de "informe político", al ser solicitado por el PP en sede parlamentaria y aportado por la Junta a pesar de que el Juzgado no lo solicitó.