El alcalde justifica las viviendas junto al PTS para regularizar cortijos ilegales

  • El PP dice que el cambio de suelo responde a una indicación de la Junta para dar respuesta a estas construcciones· La Junta niega la afirmación y se opone con rotundidad a la edificación en la Vega Sur

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, justificó ayer la construcción de 822 viviendas en suelo de Vega, junto al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), para regularizar varias construcciones ilegales que hay en el entorno (entre ellas el Cortijo Franqueira). El cambio de suelo protegido a suelo urbano que recoge el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la Vega Sur permitiría que estos cortijos se adecuaran a la legalidad. Pero con este pretexto la actuación abre la puerta a la edificación de más de 800 viviendas residenciales.

El alcalde insistió ayer en que el suelo está en el mismo entorno del PTS y de la Universidad pero que "no tienen nada que ver" y justificó el cambio de suelo en la voluntad de dar cumplimiento a las indicaciones de la Junta de Andalucía "que nos instó a que buscáramos solución a la situación de esta zona".

Esta última afirmación fue rotundamente desmentida por el delegado de Obras Públicas, Francisco Cuenca, quien declaró que la Junta no negocia los usos del suelo "se ajustan o no se ajustan a la legalidad". Es más, el delegado recordó que su postura y la de la institución a la que representa sólo contemplan el respeto a los espacios libres de la ordenación urbana.

En este sentido, y sin conocer todavía el documento, vio dos soluciones a la existencia de cortijos irregulares en la Vega Sur. La primera, si son ilegales, que el Ayuntamiento ejerza sus competencias urbanísticas y la segunda, si no lo son, proceder a su rehabilitación puesto que estarán contemplados en el catálogo patrimonial del POTAUG, "pero en ningún caso cabe construir más viviendas en un suelo protegido".

La opinión fue compartida por la delegada del gobierno andaluz, Teresa Jiménez, quien rehusó ayer hacer declaraciones hasta que el documento urbanístico llegue a manos de la Junta de Andalucía. Pero antes dejó caer una premisa innegociable: "El urbanismo tiene que ajustarse a la legalidad y la Junta tiene que velar porque esa legalidad se cumpla".

Quienes sí opinaron, y con criterios unánimes, fueron los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada. El portavoz del PSOE, Javier Torres Vela aseguró ayer que el equipo de gobierno juega con la inexactitud en la delimitación de la zona del Campus para decir que las viviendas no están en el espacio del Parque Tecnológico y la portavoz de IU, Lola Ruiz, cree que la estrategia es una táctica del Ayuntamiento para financiarse a través del urbanismo dadas las necesidades económicas del Consistorio.

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