Cinco posibles delitos, penas de cárcel desde 4 a 9 años y una reparación económica de 6,6 millones de euros. Esto es, a muy grandes rasgos, lo que está en juego para el medio centenar de personas, empresarios, agentes turísticos y empleados de la Alhambra, que mañana conocerán la sentencia del caso que ha cuestionado la legalidad del sistema que funcionó durante años para el acceso a uno de los principales monumentos del mundo.

En el centro de esta supuesta red fraudulenta de entradas que sostiene la Fiscalía hay una familia, en la que una parte figura como principal núcleo de los acusados y la otra ha aceptado un pacto con la Fiscalía que les permite quedar al margen o asegurarse una condena menor (nueve meses de prisión). Una de las firmantes del acuerdo, la cuñada del principal encausado y administradora de una de las empresas turísticas implicadas, fue la que introdujo en el juicio, celebrado en 2016, la palabra más repetida y definitoria de la acusación: "el cortijo", en alusión a la Alhambra y a la forma en que el hermano de su esposo manejaba los accesos, según su relato.

La Fiscalía mantiene peticiones de 4 a 9 años de prisión por cinco importantes delitos

Por su parte, la defensa de ese principal acusado, F. C. J., atribuyó todo este sonado y complicado caso al saldo de unas rencillas económicas y familiares que venían de atrás en el tiempo.

El sistema "corrupto" e "impune" durante años, que describió y trató de demostrar la Fiscalía hasta el final del juicio consistía en la ejecución de un plan, puesto en marcha entre 2002 y 2005 por los principales acusados (la mayoría, miembros de la misma familia) "en cuya virtud el dinero entregado por sus clientes para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no era ingresado en las arcas del Patronato de la Alhambra y el Generalife a través de los sistemas reglamentariamente establecidos, sino incorporado ilícitamente a su patrimonio".

Según ese relato del Ministerio Público, estos agentes y guías turísticos conseguían llevar a cabo esas irregularidades en los accesos mediante tres fórmulas: sin entrada, con tiques "cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ella" (para otra hora, para menos visitantes, utilizados previamente...) o con billetes de acceso impresos de forma ilícita.

Y para llevar a cabo ese supuesto plan era necesaria también la participación de personas que trabajaban en la Alhambra, ya fuera para permitir el acceso, para borrar las huellas informáticas o para conseguir el material de falsificación. A cambio habrían recibido pagos y prebendas, como viajes, tratamientos médicos, noches de hotel o comidas. De ahí que la lista de acusados fuera tan amplia, si bien el fiscal advirtió en su última intervención que estaba convencido de que "no están todos los que son; pero los que son, si están", en referencia a otras personas investigadas inicialmente y contra las que no mantuvo la acusación por falta de pruebas.

Todo esto conlleva para los acusados una acusación por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y cohecho; ya sea como autores o como cooperadores necesarios, por lo que la suma de las peticiones de cárcel oscila entre los 4 y los 9 años, en función del grupo en el que se incluya a cada uno de los acusados.

Y hay un último delito, el de daños al patrimonio histórico artístico, que supondría el pago de una multa y la asunción de la responsabilidad económica que las acusaciones atribuyen a los enjuiciados. La Fiscalía sostiene que la Alhambra ha sido víctima de un perjuicio total valorado en 6,6 millones de euros, de los cuales algo más de la mitad sería por los ingresos no percibidos y la otra parte por los daños materiales causados (sobre todo por los excesos de aforo). Reclama que los acusados hagan frente a esta cantidad de forma solidaria.

En este proceso la Junta de Andalucía (administración de la que depende la Alhambra) ha actuado como acusación particular y se ha pronunciado en términos similares a los de la Fiscalía, si bien al final del juicio retiró la acusación contra 11 trabajadores del monumento.

Por su parte, las defensas pidieron la libre absolución de sus representados y aspiran a que el tribunal que compone la Sección Segunda de la Audiencia Provincial les de la razón mañana. Según sus conclusiones, en el juicio no quedó demostrado ese plan ilegal y corrupto que describe la Fiscalía, y algunas de las pruebas presentadas, como las supuestas entradas falsas o los seguimientos policiales, quedaron desmontados o desvirtuados.

Lo que sí admitieron los acusados y sus abogados fue una especie de "mercadeo de entradas" o "compensaciones" de unos grupos con otros, que se habrían producido durante años con el permiso no expreso de los entonces máximos dirigentes del monumento. Según expusieron, su objetivo no era enriquecerse de forma ilícita, sino permitir "agilizar el caos imperante" en el sistema de accesos para que no se colapsara y fuera un desastre. Pablo Luna, el letrado del principal acusado, definió estas prácticas como irregularidades que incumplían la normativa del monumento, pero que en ningún caso eran ilegales ni delictivas. "La Alhambra funciona por ese mercadeo y sus responsables lo admiten", agregó el letrado.

Faltas veniales o un plan corrupto, rencillas familiares o trama de riquezas y prebendas, sistema imperfecto o cortijo de unos pocos. Entre una y otra versión hay mucha cárcel y mucho dinero a pagar. Después de 13 años, mañana se sabrá...