El próximo mes de noviembre la polémica Ordenanza de la Convivencia nacida en la etapa del Partido Popular cumplirá ocho años. Fue el día ocho de ese mes cuando el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada aprobó la nueva normativa que pretendía sancionar todas aquellas conductas incívicas que se daban en la ciudad. Así, se empezó a vigilar a los gorrillas, los actos vandálicos, la prostitución, la mendicidad, el botellón o el deterioro del mobiliario urbano, no sin polémica. Hubo quien acusó al anterior equipo de Gobierno de querer "hacer caja" con temas tan sensibles como la mendicidad o los aparcacoches. Ciertamente, se trata de prácticas habituales cuando no hay otra forma de conseguir recursos para la subsistencia. Sin embargo, pasado este tiempo la capital ve como positivos los efectos de este control sobre la ciudadanía. La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, detalla que por el momento no está previsto modificar esta Ordenanza que, no obstante, considera que no debe ser la única herramienta para pacificar las relaciones de los ciudadanos. A su juicio, la concienciación social y la educación deben ir por delante de las multas. Con esta Ordenanza se logró tipificar las distintas conductas indeseadas como infracciones administrativas objeto de sanciones, lo que ha contribuido a mejorar la actuación policial de vigilancia reuniendo en un solo texto normativo numerosas disposiciones que estaban dispersas.

En los primeros siete meses del año, desde el 1 de enero hasta el 3 de agosto, el Ayuntamiento ha impuesto 1.517 multas derivadas de la aplicación de la Ordenanza de la Convivencia. La media de sanciones mensuales arroja una tasa de 216 multas al mes, una cifra que está muy alejada de la que se registraba en el año 2016, cuando la media alcanzaba las 321 multas (3.855 repartidas a lo largo de los doce meses del ejercicio).

El equipo de Gobierno solo planteó modificar las sanciones a dueños de pisos por ruidos

En este tiempo, las actividades que atentan contra la pacífica convivencia ciudadana sobre las que han sido más visibles los efectos disuasorios son las referidas a la concentración de personas para consumir alcohol en los espacios públicos y las relacionadas con los servicios sexuales en la proximidad de viviendas.

Según detalla la concejal, en un principio la única modificación prevista por el PSOE contemplaba la posibilidad de sancionar a los propietarios de los pisos alquilados a estudiantes por el ruido que éstos generasen tras el cierre del botellódromo. Sin embargo, según detalla Ruz, por el momento no resulta necesario. Tras el cierre del recinto los jóvenes en general se han "concienciado" salvo en momentos concretos del año como ahora con el inicio del curso universitario, en fiestas puntuales o en torno a junio cuando finaliza la Selectividad o los exámenes.

"Estamos convencidos de que con concienciación y con una oferta amplia de ocio se puede reducir el botellón y los ruidos en las viviendas", explica la edil. A lo largo de 2016 se pusieron 1.664 multas por beber en la vía pública mientras que hasta agosto de 2017 se han puesto tan solo 390 sanciones. Respecto a los primeros años de Ordenanza la caída es abismal. El máximo de sanciones se impuso en 2012, con 4.413.

El resto de actividades que se sancionan por medio de esta Ordenanza también han caído sustancialmente. Por ejemplo, a lo largo del primer año de Ordenanza de la Convivencia la Policía Local puso 466 multas por prostitución en la vía pública. En 2016 tan solo se puso una sanción y hasta agosto de 2017, ninguna. Antes de la entrada en vigor de la Ordenanza había grupos de entre 15 y 25 personas que se dedicaban a la prostitución en la avenida de Juan Pablo II. Las sanciones han reducido la presencia de estas mujeres sobre todo después de que se empezara a multar a los clientes que, en algunos casos, debían pagar sobre la marcha. De forma paralela, organizaciones como Cruz Roja trabajan con estas mujeres para ayudarlas a salir de la explotación.

También desde que se instauró la normativa han caído sustancialmente las sanciones a los gorrillas. La zona azul acabó con esta práctica en algunas zonas de la capital. Sin embargo, lo común es que se desplacen hacia otros barrios donde no existe esta delimitación ORA, como en los aparcamientos del PTS. En el primer año de la Ordenanza los efectivos sancionaron en 621 ocasiones. El máximo de multas se alcanzó en 2012, con 1.138. En 2016 fueron 201 y en 2017 tan solo se han puesto 69.

Una de las principales dificultades que encuentran los agentes a la hora de aplicar esta ordenanza es pillar "in fraganti" a los incumplidores. Ocurre por ejemplo con quienes pasean a su perro y no recogen sus deposiciones o los que lo llevan suelto y sin bozal en caso de ser de gran tamaño. También es complicado sorprender a los grafiteros o quienes realizan deterioros al mobiliario urbano. No obstante, estas prácticas también se controlan y sancionan. En 2016 se denunció por pintadas en diez ocasiones. En 2017 tan solo van cinco. También en este año se ha sancionado en 38 ocasiones por incumplimientos relacionados con animales. "Se puede hacer un seguimiento a personas concretas tras denuncias de vecinos pero es cierto que es más complicado de vigilar", destacó la concejal.

En materia animal, se regula la protección y tenencia de animales para asumir el máximo nivel de protección y bienestar de éstos, garantizar una tenencia responsable y la máxima reducción de las pérdidas y los abandonos, fomentar la participación en la defensa y protección de los animales y pre servar la salud, la tranquilidad y la seguridad de las personas.

También destacan las cifras referidas al comercio ambulante, cuya inclusión en la Ordenanza busca la protección de la salubridad, el uso racional y ordenado de la vía pública y la salvaguarda de la seguridad pública. En los meses de 2017 se han puesto 143 multas. En 2016 fueron 416. Por último, cabe resaltar las sanciones a las personas que entregan romero a las puertas de la Catedral o en el entorno de la Alhambra. Aunque su presencia es continua la Policía también sanciona esta práctica, que en 2017 suma 15 sanciones y en 2016 se alcanzaron las 90. En cuanto a los artistas callejeros, que este año estrenaron normativa, se han puesto medio centenar de sanciones frente a las 69 de 2016.