Un recurso trata de frenar el pago de la expropiación

  • Los abogados pedirán que el promotor que incumplió el convenio asuma los gastos

El Ayuntamiento de Granada acudirá a los tribunales para tratar de revocar la decisión de la Comisión de Valoraciones. Y no sólo porque el pago de los 13 millones más los intereses reclamados supondría ahora un revés difícil de afrontar por el Consistorio, sino también porque los informes jurídicos municipales están en contra de esa valoración económica.

Los técnicos municipales sostienen que la Comisión parte de una premisa equivocada sobre los derechos urbanísticos que le corresponden a esas parcelas, ya que toda la edificabilidad de la zona se concentró entonces en una limitada superficie, donde se levantó el edificio Penta.

El recurso judicial puede dar un balón de oxígeno al Ayuntamiento, que tendría que buscar otras formas de pago compensatorias para evitar abonar tanto dinero. Una de esas fórmulas sería darle la posibilidad de edificar mediante un cambio de las condiciones urbanísticas de las parcelas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

En la ratificación, ayer, del decreto de Alcaldía para recurrir a los tribunales, la concejal de Urbanismo explicó muy suscintamente este problema municipal y arremetió contra el propietario actual de los terrenos, al que acusó de dar un "pelotazo" a costa del Ayuntamiento de Granada, porque compró el suelo por 650.000 euros y puede venderlos ahora por más de 14 millones de euros.

El informe de los servicios jurídicos municipales recomienda al Ayuntamiento la interposición del recurso judicial que permita "derivar las responsabilidades económicas de la obtención de los terrenos en la entidad incumplidora del convenio y que obtuvo el beneficio urbanístico y económico sin asumir las cargas y obligaciones pactadas y asumidas".

En el mismo decreto, el pleno acordó ayer la anulación de una parte del convenio urbanístico del que provienen todos estos problemas.

La oposición (PSOE e IU), que apoyó al PP en la decisión de acudir a los tribunales, no votó a favor de la anulación del convenio y criticó la gestión del Urbanismo en la época del alcalde popular Gabriel Díaz Berbel, cuando se originó el caso.

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