Que el Ayuntamiento de Málaga cumpla la reserva legal del 2% de plazas para personas con discapacidad intelectual. Con este objetivo, padres y opositores afectados por este supuesto incumplimiento municipal protagonizarán este sábado 27 de abril una movilización. Partirán a las 19:00 de la Plaza de la Merced y recorrerán las calles del centro hasta llegar a la casa consistorial. "Vamos a intentar entre todos recuperar las plazas que nos corresponden por ley", esgrimen los progenitores.  

Las bases que salieron recientemente de la oferta de empleo público (OPE) de 2023 del Ayuntamiento reservan el 10% para personas con discapacidad en general. Pero los padres esgrimen que la reserva tiene que ser desagregada, "como estipula la ley andaluza". Es decir, un 7% para cualquier discapacidad, un 2% para la intelectual y un 1% para candidatos con salud mental. Los progenitores agrupados en el colectivo Nosotros también contamos argumentan que si no se reservan de forma específica para cada grupo, los aspirantes con una minusvalía física o sensorial siempre tienen más posibilidades que aquellos con una discapacidad intelectual. 

Cartel de convocatoria de la protesta.

Sin embargo, el Ayuntamiento malagueño defiende que las bases cumplen la normativa. Desde la Administración municipal se replica que el proceso "se ajusta y está conforme a la reserva indicada por la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía". Además, el Consistorio sostiene que las bases generales de esa oferta de empleo están avaladas por la asesoría jurídica municipal. El Ayuntamiento asegura que ha cumplido esa normativa y en el caso de la OEP de 2023, compuesta por un total de 179 plazas, ha reservado el 10% de dicha totalidad para personas con discapacidad. Es decir, 18 plazas.

Por su parte, los padres de los opositores con discapacidad intelectual -tras informar de la convocatoria de la protesta de este sábado- señalan que han presentado una veintena de recursos ante el Consistorio malagueño por este asunto, así como otras tantas quejas al Defensor del Pueblo andaluz. Además, han indicado que la asociación Plena Inclusión Andalucía también ha recurrido para que se modifiquen las bases y que diversos sindicatos también han puesto recursos o quejas en ese mismo sentido.