Habitantes de un barrio popular de Marsella (sur de Francia) expulsaron la noche del jueves a familias gitanas que se habían instalado en las cercanías y quemaron los restos de su campamento, informó una fuentes cercana al caso.

La Policía llegó al lugar para separar a unos 30 habitantes y a las familias gitanas rumanas, que se retiraron con sus casas rodantes.

Poco después, los enseres dejados por los gitanos fueron quemados, precisó la fuente. No hubo detenciones dado que no se registraron agresiones físicas, agregó.

Esa acción contra los gitanos, revelada por el diario regional La Provence, era premeditada, puesto que los habitantes que participaron en ella habían informado a las autoridades de su intención de realizarla si los gitanos, a los acusaban de robos, no abandonaban los alrededores del barrio.

Caroline Godard, miembro de la Asociación Encuentros Gitanos, se mostró estupefacta por lo ocurrido. Godard precisó que unas 35 personas se habían instalado en ese campamento hace unos días.

En las últimas semanas cientos de gitanos rumanos fueron desalojados por la Policía de sus campamentos en Francia, lo que provocó protestas de asociaciones y de una parte de la izquierda.

Se estima que en Francia hay unos 15.000 gitanos rumanos, una cifra muy inferior a las de los principales países que acogen esas poblaciones, España e Italia, según las investigaciones al respecto.

Por su parte, el presidente de la Liga de los Derechos Humanos de Francia, Pierre Tartakowsky, criticó ayer la "regresión extremadamente grave" que supone esta acción. Ésta "no surge por casualidad y es extremadamente inquietante", dijo al denunciar las expulsiones en las proximidades de la Cité de los Créneaux.

Cuando la gente comienza a hacer justicia por su cuenta, "es el retorno a la ley de la jungla", subrayó Tartakowsky, quien denunció la "violencia extremadamente bárbara" de la que el jueves fueron víctimas alrededor de 30 gitanos, entre ellos, destacó, ancianos y niños.

Lo ocurrido demuestra "que a fuerza de expulsar de manera legal, y muy brutal, los campamentos de romaníes", se da a la opinión pública la idea de que los gitanos "no son gente como los demás y pueden ser tratados de cualquier manera", basta con que haya motivos "reales o supuestos" de exasperación de una población, explicó.

Desde este verano, el Gobierno socialista francés ha desmantelado numerosos campamentos gitanos, acciones que la Comisión Europea considera se realizan legalmente y no son ya, como en tiempos del presidente conservador Nicolas Sarkozy, operaciones dirigidas colectivamente contra esa minoría de ciudadanos europeos, principalmente rumanos y búlgaros.

En declaraciones a televisiones y emisoras francesas, los habitantes que el jueves echaron a los romaníes aseguraron que todo pasó "pacíficamente". "No hubo ninguna agresividad ni ningún incidente", dijo un vecino al canal BFM, mientras otro comentaba en France Info la exasperación colectiva después de haber solicitado repetidas veces a las más diversas autoridades locales competentes que resolviesen el problema que les planteaba ese campamento.

"Dicen que era pacífico" y que sólo incendiaron esas habitaciones una vez vacías a petición de los servicios municipales de limpieza, "pero no es la ciudadanía la que debe asegurar la higiene" de las ciudades, destacó Tartakowsky.

No se puede incendiar así unas viviendas; "organizaron una encerrona, la gente huyó y con el pretexto de que se habían ido dijeron que podían quemar sus cosas", pero era un barrio de chabolas, como hay tantos en Francia porque los poderes públicos no cumplen con las disposiciones sobre los alojamientos de urgencia, subrayó.

No sólo fue un acto "de brutalidad inusitada, sino que además se atribuyen legitimidad administrativa" y, si es verdad que los vecinos del barrio habían prevenido a los poderes públicos, "es todavía más grave", en particular -señaló- tras la imponente cumbre gubernamental sobre la seguridad organizada en Marsella.

La seguridad "no pasa por que los ciudadanos hagan justicia ellos mismos. Eso es la inseguridad", concluyó el presidente de la LDH, quien espera que se abra "una investigación administrativa para ver quién decidió no hacer nada".

Tartakowsky consideró igualmente muy grave que la Policía no interviniese si resulta cierto que estaba en el lugar de los hechos en el momento de la expulsión.