Cuando Ana Orantes fue asesinada por su marido, la violencia de género no era un problema para la sociedad española. José Parejo la roció con gasolina y la quemó viva a las puertas de su casa. Ana había tenido la osadía de contar en un plató de televisión que llevaba cuarenta años sufriendo malos tratos en silencio. Trece días después, la mató a las puertas de su casa. Fue un 17 de diciembre. En el pequeño municipio de Cúllar Vega. Hace justo veinte años. Aquel día, España despertó del machismo.

Ana Orantes no fue la primera mujer maltratada pero sí la que puso rostro a la violencia machista. La hizo visible y nos obligó a cambiar. A los medios de comunicación, a las instituciones públicas, a las fuerzas de seguridad y a toda la sociedad. En la esfera pública y en la privada; en las ciudades y en los pueblos. Su caso se convertiría en la primera piedra de un complejo camino que desembocó en la Ley Integral Contra la Violencia de Género que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2004. Por unanimidad. Un acuerdo "histórico" como esta semana, trece años después, ha sido el Pacto de Estado con que los nuevos grupos políticos han sacado adelante el primer gran acuerdo de la Legislatura. Y ello pese al inesperado desmarque de última hora de Unidos Podemos evidenciando una absoluta falta de altura política; porque son legítimas sus mayores exigencias y sus dudas sobre la efectividad con que se aplicarán las 266 medidas del plan pero más necesaria aún era la unidad. El simbolismo de la firmeza democrática contra el machismo.

Esta misma semana, Túnez ha aprobado una ley histórica contra la violencia de género que toma de referencia la de Zapatero. En su caso, el punto de partida es más grave aún. Supone un paso trascendental por los derechos de la mujer: los tunecinos ya no podrán violar a una menor y evitar la cárcel casándose con la víctima; el acoso sexual, incluido el verbal, se tipifica y castiga como delito; se podrá denunciar la explotación de niñas en el servicio doméstico; se proclama, por primera vez, que los "ciudadanos y las ciudadanas" son "iguales".

Tenemos experiencia para saber que las leyes no son suficientes. Por muy progresistas, garantistas y punitivas que sean. Pero son el esqueleto de base que nos pueden permitir avanzar. En la calle, en los colegios y en nuestras casas. El actual Pacto de Estado por la Violencia de Género parte con déficits y con mucha incertidumbre sobre su efectividad pero sería irresponsable quedarse en lo mejorable y no reconocer el salto cualitativo que se produce con un plan transversal que implica a todos los agentes -y en todos los niveles de gestión- y que pone sobre la mesa 1.000 millones para su aplicación en cinco años. Un plan que cambia, por fin, la consideración de las víctimas -se podrá acreditar la violencia machista aun sin denuncia judicial y prevé que los servicios sociales y sanitarios puedan activar el proceso de protección-, que incluirá asignaturas evaluables y formación especializada a nivel universitario, que reforzará la educación en igualdad en las escuelas, que ayudará a las mujeres maltratadas sin recursos con seis meses de paro, que perseguirá las calumnias en las redes sociales, que pondrá en marcha campañas de concienciación y sensibilización… Más prevención, más formación, más coordinación.

En una entrevista que publicamos hoy, Miguel Lorente, el director de la Unidad de Igualdad de la UGR y uno de los expertos que han trabajado en los últimos seis meses para el desarrollo del Pacto de Estado, advierte que llega "tarde, a la fuerza y desenfocado". Ciertamente, basta recordar las 600.000 agresiones y las 60 mujeres que son asesinadas de media en España cada año para compartir sus palabras y reconocer que son las trágicas cifras, el año negro que estamos viviendo en 2017, lo que ha constituido el desencadenante del pacto. Lleva razón también cuando lamenta que nos quedemos en el lado visible del problema, los asesinatos, y no ataje de lleno las causas: el machismo. La normalidad con que todavía toleramos a los maltratadores y hasta los justificamos. Con que minimizamos ciertas conductas. Con que seguimos perpetuando la sociedad patriarcal que constituye el caldo de cultivo de la dominación masculina y la violencia contra las mujeres. ¿Recuerdan su libro Mi marido me pega lo normal?

Pero no son sólo las cifras. De Ana Orantes a Juana Rivas. La madre de Maracena que ha huido con sus hijos para evitar entregarlos a su expareja, un padre condenado por maltrato, está poniendo rostro a la nueva etapa de lucha contra la violencia machista que se está abriendo en la sociedad española sacando a la luz todas las sombras de desprotección, lagunas judiciales y circunstancias "excepcionales" que necesitan una respuesta. Por primera vez se pone un foco en los menores y en la tibieza con que hasta ahora se ha abordado un tema tan sensible como es la custodia de los hijos. Porque partimos, como recuerda Lorente, de que "un marido maltratador no tiene por qué ser un mal padre"; pero un maltratador siempre es un mal padre. Y un "riesgo" que debería ser tenido en cuenta como un factor determinante para evitar el contacto. Lo vemos, con demasiada frecuencia, en los casos en que los menores son utilizados para hacer daño a la madre, como rehenes de la violencia machista y como víctimas en última instancia de los homicidios.

Son, además, un mal ejemplo. Peligroso. Perpetuador de la violencia. En 2005, Jesús Parejo, uno de los ocho hijos de Ana Orantes, fue detenido en Santa Fe por malos tratos a su pareja. La joven, que tuvo que ser atendida por contusiones en la cabeza y un fuerte dolor en el brazo, confesó a la Guardia Civil que era la tercera vez que le pegaba. Ese día, una de las hermanas del agresor pidió a la Justicia que actuara con contundencia, que fuera "a la cárcel si tenía que ir" y se ofreció incluso a ayudar a la familia de la víctima. Raquel, que se quitó el apellido de José Parejo cuando asesinó a su madre, recordó que su hermano Jesús también sufrió los malos tratos, que se marchó a los 13 años de casa huyendo de los golpes que su padre le daba a toda la familia… "Quizás fue el ambiente que vivió de niño el que le ha empujado a hacer esto", dijo entonces.

La presión social, la movilización ciudadana que se ha producido estos días en Granada para apoyar a Juana Rivas, no es una simple corriente de empatía ni inconsciencia. Y no se trata de saltarse la ley. El #YoSoyJuana que vuela en las redes sociales sumando muestras de solidaridad es una llamada de atención sobre el nuevo tiempo en la lucha contra el machismo que tenemos la obligación de abrir. Porque ni la burocracia ni las zonas grises de la normativa pueden anteponerse a que las leyes sean justas, que se apliquen con sentido común, incluso con humanidad, y que se tengan en cuenta todas las circunstancias. Porque tan urgente como atajar la violencia de género es actuar con todas las medidas, campañas y cambios legislativos que sean necesarios para acabar con el lado menos visible. Con el machismo.

Sí, hoy #TodosSomosAna. Hoy, #JuanaEstáEnMiCasa. #TodosSomosJuana.