El viernes, las nuevas tricoteuses revolucionarias hubieran erigido una guillotina en la plaza de Oriente y los cortesanos aduladores un altar rematado por la sacrosanta corona. Entre ambos, millones de españoles viven pasmados desde que hace once años -se dice pronto- surgiera el Caso Nóos. Once años es un plazo demasiado largo, incluso para una justicia tan lenta como la nuestra. Ha sido un proceso lleno de dilaciones y argucias legales. Se ha sumido a España en un escándalo permanente, dañino para el país y nada edificante y se ha opinado demasiado y no siempre con solvencia. Hemos leído informaciones periodísticas objetivas y también interesadas; se han producido presiones poco disimuladas y en todas las direcciones. Y al final, en una sentencia inédita se absuelve a una Infanta de España y se condena a su esposo, un día elevado a la dignidad, hoy perdida, de Duque de Palma de Mallorca, a más de seis años de prisión.

El desprestigio que este turbio asunto ha provocado a la Corona, al Gobierno, a la Administración de Justicia y a un buen puñado de instituciones es tan evidente que no tendría sentido suponer que tras el fallo -recurrible ante el Tribunal Supremo- se haya pasado página y todo vaya a olvidarse. Ni siquiera cesaría el ruido mediático y social si el cuñado del rey entrara mañana en prisión. Incluso cuando haya sentencia firme, las consecuencias políticas y sociales del caso seguirán coleando. Nadie podrá evitar las opiniones, las chanzas y el uso político del escándalo o de cualquier detalle olvidado del mismo. ¿Alguien cree que la misma sociedad que sigue usando como arma arrojadiza la guerra civil o el franquismo, va a conformarse, para cerrar este pandemonio, con un mero fallo judicial, sea cual sea su contenido?

No hay que ser ningún fino analista para entender que la sentencia no es el fin de nada. La aplicación de la ley es una cuestión técnica y objetiva. En cambio, la justicia es un concepto subjetivo. La decisión judicial ha de acatarse, pero cada ciudadano tiene su propia idea de lo que es justo y opina lo que le parece. Por eso, si el señor Roca afirma que la Infanta considera la sentencia injusta porque creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su marido, también es legítimo que haya ciudadanos que opinen exactamente lo mismo del veredicto pero todo lo contrario en lo que se refiere a la decisión judicial sobre los augustos procesados.