El sentido común y la política pocas veces discurren en sintonía. No voy a defender que un fugado de la justicia gobierne Cataluña desde Bruselas, pero sorprende escuchar la vehemencia con que se pronuncian desde Madrid quienes, de facto, ya están gobernando en la Generalitat y quienes lo harían -si pudieran- en las comunidades autónomas hostiles que no dejan de exigir la revisión del modelo de financiación, en los cientos de municipios y diputaciones (incluidos del PP) que se rebelan porque tienen superávit y no pueden invertir -el Gobierno antepone la suicida regla de gasto- y en esos 660 ayuntamientos que se empeñan en incumplir los ajustes de Hacienda.

Aunque, siendo honestos, decir que se gobierna es una exageración. Respiración asistida y un decadente reloj de arena donde ya se ha instalado el deadline electoral. Me refiero, por supuesto, a la segunda vuelta que desde el 21-D planea sobre Cataluña -la quiebra del bloque independentista y la inesperada reconversión de los artífices de la vía unilateral no parece dejar más salida al radicalismo separatista que volver a desafiar la legalidad- pero también a la incertidumbre a nivel nacional con un PP incapaz de gestionar cualquier circunstancia que se salga de la inercia -lo del temporal vía skype desde Sevilla nada tiene que envidiar a la vía plasma desde Bruselas- y, sobre todo, el escenario autonómico que en comunidades como Andalucía se sitúa ya en marzo del próximo año -si no se adelantan a otoño- y el tablero local con las municipales de mayo.

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno, apoyado en fundamentos de la ley del Sector Público, del Estatut y del propio Parlament, no sólo sostienen la ilegalidad de la vía telemática y por delegación para la investidura de Puigdemont sino que también cuestionan que se pueda gobernar desde el extranjero. Todo muy claro y atado pero sólo hasta que se diga lo contrario con los artículos precisos de los reglamentos oportunos y acabemos, de nuevo, ante el Constitucional. La bondad de esta vía, la que llevó a la aplicación del 155, ya la conocemos; tenemos sin embargo todo un terreno por explorar vía Montoro. La de la puerta de atrás. La economía se impone, de nuevo, y sin discrepancias de interpretación. La carta remitida esta semana a los ayuntamientos incumplidores es demoledora: el Ministerio se ha dirigido a 660 alcaldes para pedirles explicaciones. Se habían comprometido a hacer recortes, subir el IBI o eliminar bonificaciones y no lo han hecho. Era la contrapartida de la zanahoria de los fondos de liquidez que el Ejecutivo lleva aprobando desde 2012 -el año más negro de la crisis- dando patadas a la bola de la ruina municipal. Cuatro folios con una cadencia de amenazas en alarmante crescendo: adiós a las líneas rojas de los servicios básicos y los despidos. Incluso se apunta las medidas más drásticas y coercitivas de la Ley de Estabilidad: la disolución de la corporación. Más ingresos o menos gastos; no hay margen. Y no son sólo palabras: en paralelo, también han remitido una carta a los interventores recordándoles que su "obligación" es exigir el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y las normas de morosidad. Que sean "proactivos".

Granada, una vez más, está en la lista negra. Es la herencia del PP pero es también la situación de "esquizofrenia política" que se ha instalado en la Plaza del Carmen. Es difícil encontrar una forma más lúcida de expresarlo: la operación Nazarí desencadenó el desalojo del equipo de Torres Hurtado y sentó al PP en la oposición con la mitad del grupo pendiente de los tribunales y otra mitad pendiente de qué hay de lo mío; los socialistas se encontraron con el bastón de mando en una de las etapas más ingratas, complejas y de bloqueo que ha podido vivir el Ayuntamiento de la capital; en Vamos Granada no son capaces ni de votar en pleno con un mismo criterio; Puentedura salva los muebles de IU como puede; y en Ciudadanos se unen a la ola de euforia de las encuestas sin mayor responsabilidad que la escuela gallega de dejar el tiempo pasar.

Hasta he llegado a pensar que no sería ninguna tragedia que (des)gobierne Montoro con su particular vía 155.