Colaboración institucional

La colaboración entre administraciones para la puesta en marcha de infraestructuras básicas debería ser la norma y no la excepción

Lo que debería ser parte de la rutina en la vida institucional se ha convertido en un acto digno de reseñar, por extraño. Y cada vez más. Especialmente en Granada, una ciudad que tiene cortadas las vías de comunicación con el Ministerio de Transportes y Movilidad desde hace meses. El inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla es una buena noticia para aquella ciudad y para el conjunto de Andalucía y la presencia ayer en su inauguración del presidente del Gobierno, junto al de la Junta, una muestra de normalidad institucional que hay que destacar por su excepcionalidad. El mensaje que se manda a la ciudadanía en situaciones así es que, en temas capitales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, y la movilidad urbana es uno de los más importantes, las administraciones deben de colaborar para desbloquear problemas y lograr la financiación adecuada. En España estamos acostumbrados a que todo se utilice como arma política y las infraestructuras no han sido una excepción. A pesar del retraso histórico que acumla el Metro de Sevilla, se ha convertido en un ejemplo de que cuando hay voluntad los proyectos, por difíciles que puedan parecer, son abordables. Es importante resaltarlo en un contexto en el que hasta las cuestiones más nimias hacen que salten chispas entre los representantes del Gobierno central y del andaluz. En Granada, la alcaldesa ha tenido que reiterar una petición de entrevista con el ministro Óscar Puente después de más de cinco meses sin respuesta por su parte. Y no se puede decir que en esta ciudad y su provincia existan pocos proyectos de su negociado en el aire. Son claras las dificultades que tiene Andalucía para conseguir compromisos de inversión en infraestructuras que son básicas para su desarrollo. Las obras hidráulicas son un ejemplo de abandono que la sequía ha puesto trágicamente de relieve. No cabe duda de que la colaboración entre el Gobierno y la Junta es el camino correcto para revertir esta situación.

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