Andalucía se ha situado por tercer año consecutivo como la comunidad española con el Producto Interior Bruto per cápita, un indicador básico de riqueza, más bajo de todas las comunidades españolas. No es una buena noticia. La región, como pasó hace unas semanas con los resultados del informe PISA sobre calidad de la educación, se sitúa a la cola de cualquier dato que marque niveles de bienestar y desarrollo social y no es capaz de enjugar las diferencias que lo separan de las medias nacionales y europeas. Sin caer en el derrotismo ni ignorar lo mucho que se ha avanzado en las últimas décadas, sí es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál ha sido el resultado para los andaluces del régimen de autonomía política, que ha cumplido ya cuatro décadas y que debe ser clave a la hora de planificar las políticas de futuro. El PIB per cápita refleja una realidad económica y social, pero también está influido por el hecho de que Andalucía tiene una población de casi 8,5 millones de habitantes mientras que otras comunidades tienen en la población decreciente uno de sus principales problemas. Al dividir la riqueza generada por un número de habitantes muy bajo, regiones como Aragón o Castilla y León se ven favorecidas en este ranking, que encabeza Madrid con 38.435 euros por habitante y cierra Andalucía con 21.091. En otros indicadores hechos públicos por el INE, como la renta bruta de los hogares, que no mide la riqueza generada sino los recursos disponibles, sí se puede hablar de mejoría y en otros como el volumen de exportaciones o la inversión extranjera se han registrado avances sustanciales. Este panorama refleja que Andalucía es desde hace muchas décadas víctima de un modelo de desarrollo que ha privilegiado a zonas del norte y el centro, pero también que la región necesita revulsivos que nunca llegan y que dependen más de las políticas estatales que de las que se pueden implementar desde la Junta.