Aestas alturas, mostrar sorpresa por el hecho de que el Gobierno salte una y otra vez las líneas rojas que se autoimpone en sus negociaciones con los separatistas catalanes sería un mero ejercicio de voluntarismo. Basta que Pedro Sánchez y los suyos dibujen un límite para que este se vea superado tan pronto como el fugado de Waterloo así lo establece. Lo hacen sin ningún pudor o resistencia e improvisando argumentarios que entran de lleno en el ridículo, como ha ocurrido esta semana a cuenta de los actos de violencia que se produjeron durante el procés y que algunos jueces han calificado de terroristas. De lo que se trata es de hacer que todos aquellos comportamientos –entre ellos el de hace acopio de material explosivo, por ejemplo, o bloquear el tráfico aéreo en el aeropuerto del Prat– queden impunes y que Carles Puigdemont pueda volver a España de forma inmediata sin que sea molestado por ningún juez. Las justificaciones para ello son peregrinas como distinguir el terrorismo que no ha tenido “intención directa de provocar violaciones de los derechos humanos” del que sí tenía esa voluntad. Una de las pocas voces críticas que se pueden escuchar todavía en el PSOE, la del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha definido la situación con un juicio tan arriesgado como certero: su partido está en “el extrarradio de la Constitución”. Arriesgado porque la policía del sanchismo, encarnada por el histriónico ministro Óscar Puente, no ha tardado en señalarle la puerta de salida. Y certero porque refleja una situación que está afectando ya a la misma esencia del sistema democrático. No se le ve final a esta endiablada espiral en las que unos exigen y otros se pliegan. En el horizonte más cercano está la negociación de los Presupuestos y la reivindicación soberanista de un referéndum de autodeterminación. Hay elementos para suponer que pronto vamos a estar ante otra línea roja y otro salto. Como se ha hecho costumbre.