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La justificada prisión para Sànchez y Cuixart

La decisión de la juez de enviar a prisión a los dos activistas no fue política, sino que se basa en pruebas y sólidos argumentos jurídicos

La prisión incondicional para Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, ha desatado una dura campaña por parte de los medios afines al independentismo catalán para, una vez más, intentar desacreditar a nuestra democracia tanto en el interior (no son pocos los que están comprando esta mercancía en España, también fuera de Cataluña) como en el exterior (la obsesión de los soberanistas por internacionalizar el conflicto es permanente). La mentira esta vez consiste en señalar que ambos detenidos lo han sido por motivos políticos, omitiéndose interesadamente la realidad: que están siendo investigados no por sus ideas o creencias, sino por haber participado en un delito de sedición, que no es otra cosa que una llamada al tumulto para evitar la acción de la Justicia. Exactamente lo que pasó los días 20 y 21 de septiembre.

Los medios digitales y redes sociales que están difundiendo el mensaje de que en España hay presos políticos, algunas veces más por pereza de informarse debidamente que por manipulación, deberían parar un minuto a leer el muy argumentado auto con el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela justifica el ingreso en prisión de los que ya popularmente se les conoce como los Jordi. Lo que organizaron tanto ANC como Òmnium frente a la sede de la Consejería de Economía catalana para impedir las detenciones y registros que estaba realizando la Guardia Civil por orden judicial no fue "ni una concentración pacífica ni una manifestación política", sino un intento deliberado de impedir con la fuerza la acción de la Justicia. El auto, basado en las numerosas pruebas aportadas por la Guardia Civil, aporta un relato detallado de cómo los miembros de ambas entidades (que, al igual que sus dirigentes, no están legitimadas por los votos de los ciudadanos) organizaron todo un operativo para llevar a cabo el delito de sedición. El ingreso en prisión de Sànchez y Cuixart no fue una decisión política de una juez en línea con el Gobierno, sino una decisión judicial plenamente justificada y argumentada.

La lucha contra la corrupción ha demostrado que tanto la Audiencia Nacional como la Guardia Civil son organismos independientes que sólo sirven a la Justicia, registrando sedes del PP y deteniendo a sus cuadros cuando así se estimaba conveniente y justificado. Intentar ahora ver intencionalidad política en la detención de Sànchez y Cuixart sólo se comprende desde la manipulación a la que nos tienen tan acostumbrados los independentistas catalanes.

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