El Gobierno ha prorrogado durante medio año más la mayor parte de las reducciones de impuestos que se aprobaron como consecuencia del alza de la inflación y de la carestía de combustibles que provocó la guerra de Ucrania. Así, las ayudas al transporte público y el IVA mínimo de los alimentos básicos se prorrogan durante seis meses más, entre otras razones porque el Gobierno central ha venido recaudando de más por el efecto de la inflación a pesar de las rebajas fiscales. Esta alta recaudación, que ha marcado récords durante 2023, unido a un mejor comportamiento de lo esperado de la economía permiten al Gobierno extender un semestre esta reducción sin alterar sus objetivos de déficit. No obstante, hay que subrayar que España no está aprovechando este tiempo de bonanza dispar –se mantiene la alta inflación en un contexto de subida del PIB y del empleo– para regresar a una ortodoxia fiscal. Puede resultar obvio, pero los ajustes se deben hacer en momentos de crecimiento económico, no en la fase de crisis, porque resultan menos eficaces y mucho más dolorosos. Sí hay que apuntar, tal como quiso resaltar ayer el presidente del Gobierno, que el crecimiento de la economía española ha sido bastante mayor del que todos los analistas habían previsto. Es posible que 2024 comience a marcar un período de decrecimiento, pero la fatídica recesión que muchos alentaban no se ha producido. El Gobierno va a dejar como permanentes los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca, a pesar de que se anunciaron como coyunturales por los efectos de la guerra de Ucrania. No obstante, las eléctricas sí podrán reducirse este impuesto mediante inversiones estratégicas en proyectos de descarbonización. Sobre el de la banca, el Gobierno no ha aportado nuevos argumentos para justificar una carga que no tiene ninguna relación con una necesidad extraordinaria.