El Ayuntamiento mantiene el contrato a la abogada externa para sanciones urbanísticas

  • Según IU, que alerta de que los expedientes pueden ser nulos, la junta de gobierno ha desoído a la secretaria municipal

El Ayuntamiento de Almuñécar tiene contratados los servicios de una abogada para tramitar los expedientes sancionadores en materia de Urbanismo, algo irregular ya que esta persona está realizando actividades que sólo pueden hacer los empleados públicos, según denunció ayer el grupo municipal de Izquierda Unida en este Consistorio.

Al conocer esta situación anómala, la Delegación del Gobierno remitió un escrito pidiendo copia del pliego de cláusulas administrativas y un escrito de la secretaria certificando que esta persona no ejerce potestades públicas de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público.

El coordinador local de Izquierda Unida, Antonio Leyva, aseguró que se trata de "una práctica habitual de este Ayuntamiento encargar, no sólo a esta abogada, sino a otras empresas asesoras, informes completos sobre asuntos que debían ser llevados por funcionarios".

"Incluso -añade- se da la circunstancia de que estas empresas de asesoría sacan expedientes completos del Ayuntamiento de Almuñécar privando a las personas interesadas del acceso a los mismos, en ocasiones durante meses", explica Leyva.

Esta forma de proceder, según IU, es "completamente ilegal" pues la ley establece que, bajo ningún concepto, deben salir los expedientes del Ayuntamiento, subrayó el coordinador local de la formación.

El informe elaborado por la secretaria municipal proponía a la junta de gobierno anular el contrato suscrito con esta abogada porque incumplía la legalidad al encomendarle funciones reservadas a empleados públicos. En concreto, el informe proponía "dar trámite de audiencia a la interesada con carácter previo a la declaración de lesividad para el interés público del contrato".

Desoyendo estas recomendaciones, la junta de gobierno del día 14 de abril acordó "modificar el contrato administrativo suscrito de tal forma que la adjudicataria no realice actividades que impliquen de forma directa o indirecta el ejercicio de potestades públicas".

En definitiva, para IU, el acuerdo tomado "supone una burla a la legalidad, a la secretaria y a la Delegación del Gobierno, porque es imposible trabajar en ese ámbito de los expedientes urbanísticos sin asumir potestades públicas".

Asimismo, el coordinador de IU advierte que todos los expedientes informados y resueltos por esta abogada o por alguna empresa de asesoría jurídica externa "pueden ser nulos de pleno derecho al haberse resuelto en fraude de ley".

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