Los profesionales sanitarios del Área de Gestión Sanitaria de Osuna junto a una representación del equipo directivo se han concentrado esta semana en la puerta del Hospital de la Merced para mostrar su repulsa a las últimas agresiones sucedidas en los centros de salud de Osuna y Estepa en una muestra de apoyo y solidaridad a los compañeros agredidos. 

Ambos incidentes ocurrieron el pasado lunes con apenas unas horas de diferencia. En el primer caso, una médica resultó herida tras ser agredida físicamente por un usuario que entró en la consulta de forma violenta mientras la profesional atendía a otro paciente. En Estepa, el ataque tuvo lugar a las puertas del centro de salud, donde permanecía estacionada una ambulancia ocupada por un técnico de transporte sanitario, que fue testigo de cómo un usuario pinchó las cuatro ruedas y después intentó abandonar el lugar.

Ante tales hechos, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recuerdan que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial está recogida en el Código Penal como un delito de atentado contra la autoridad. Asimismo, indican que, desde el momento en que se produjo la agresión, el centro ha puesto a disposición de la profesional agredida físicamente todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

"La Consejería de Salud y Consumo condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones", afirman desde el SAS.

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc.) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.