Los vecinos acuden al Defensor del Pueblo Andaluz para frenar el crematorio

  • Los residentes afectados han recogido casi 2.000 firmas contra la instalación

Vecinos de la urbanización Balcón de San Fernando en Motril han presentado más de 1.800 firmas en el Ayuntamiento de esta localidad y han pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para evitar que en las cercanías de las viviendas donde viven se instale un crematorio.

Según explicó Francisco David Martín, uno de los portavoces de los vecinos, "no estamos en contra de la instalación de un tanatorio pero sí del crematorio, que es perjudicial para la salud de los que vivimos cerca". Según defendió el portavoz vecinal, el crematorio "está a menos distancia de lo que marca la ley", por lo que apuntó que en los próximos días quieren aumentar el número de firmas y de esta forma demostrar al Ayuntamiento de Motril que un grupo importante de personas es contraria a esta instalación.

Junto a la recogida de firmas, los vecinos de la urbanización Balcón de San Fernando quieren seguir tomando otras medidas que darán a conocer en los próximos días si no se da una solución a su problema.

Martín reconoció que han mantenido reuniones con el equipo de gobierno y que conversaron en días pasados con el alcalde, Carlos Rojas, a la salida del pleno extraordinario de los presupuestos, donde le explicaron que ya existen sentencias judiciales favorables a los vecinos sobre la no instalación de crematorios en las cercanías de las viviendas. Según Martín, se han dado tres casos anteriores en distintas ciudades de España, que han sido cerrados por estar cerca del casco urbano basándose en el "reglamento sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas", explica el representante de los vecinos.

También indicó que el Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su disposición a estudiar el tema y que un plazo "lo más breve posible" dará una respuesta al problema ocasionado con la instalación de este crematorio.

Los vecinos mantienen que este servicio es perjudicial para su salud y no piensan cejar en su empeño hasta que el proyecto se anule. Asimismo, aseguran que unas 500 familias tendrían que soportar "las sustancias tóxicas que se liberan de la combustión de esta macabra actividad", según Martín.

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