El derecho al aborto en la sanidad pública sigue sin estar garantizado en España siete meses después de que se aprobara la reforma de la ley, que incluye un registro de objetores, cuya regulación está pendiente de elaboración por parte del Ministerio de Sanidad.

El pasado 16 de febrero, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la reforma de la ley del aborto, que ponía fin a la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagraba la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

La ley contempla que la mujer debe poder abortar en un centro público cercano a su domicilio y establece la creación de un registro de objetores de conciencia para los sanitarios.

Siete meses después de su entrada en vigor -el pasado 2 de marzo- y coincidiendo con el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que se celebra este jueves, sigue sin cumplirse y son muchas las comunidades que no garantizan el aborto en las condiciones previstas en la norma.

Registro de objetores

Galicia, por ejemplo, ha decidido externalizar esta prestación alegando el "derecho a ejercer la objeción de conciencia" de los sanitarios y falta de recursos, tanto humanos como materiales, en la red pública. Una decisión criticada por la oposición y el sindicato CCOO, que denuncian que se está incumpliendo la ley.

La Consellería de Sanidade se ampara en la ausencia de regulación del registro del objetores y traslada la responsabilidad al Ministerio de Sanidad.

Comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha también ponen el foco en la falta de regulación del registro de objetores y de un protocolo que oriente a los gobiernos regionales a la hora de crear ese instrumento, clave para que los hospitales organicen sus servicios de ginecología y obstetricia.

En su artículo 19, la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo indica que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe acordar un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación del registro de objetores de conciencia.

Pero el Ministerio de Sanidad no ha incluido este punto en el orden del día de las reuniones del Consejo, órgano en el que trabaja junto a las comunidades autónomas.

Fuentes de este ministerio explican que están trabajando "técnicamente" en el protocolo, sin concretar en qué reunión lo plantearán a los consejeros autonómicos.

Castilla-La Mancha -comunidad en la que el 58% de las residentes a las que se practicó un aborto en 2021 tuvo que irse a otra provincia- asegura estar a la espera de que el Consejo Interterritorial de Salud marque el protocolo.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, admitía recientemente que tenían "dificultades" para garantizar que este derecho se realice de forma íntegra en la comunidad y ha reconocido que en 2022 un total de 72 mujeres fueron derivadas a centros hospitalarios de otras comunidades para abortar.

Vázquez instaba al Ministerio de Sanidad a incluir este aspecto en una de las próximas reuniones del Interterritorial para "poder tener todo preparado para hacer frente a este registro de forma inmediata".

Abortos en centros privados

Los últimos datos disponibles indican que el 84% de los 90.189 abortos practicados en España en 2021 se realizaron en centros hospitalarios o clínicas privadas, pese a que el 71% de las informaciones se solicitaron en centros públicos.

Cataluña, Baleares y Cantabria son las comunidades donde más abortos asume la sanidad pública (52,5%, 61,8% y 67,3%, respectivamente). En el punto contrario están Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, donde el porcentaje de abortos en la pública está entre el 0 y el 0,5%.

Además, casi el 5% de las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en España en 2021 residían en provincias que ese mismo año no notificaron ni un solo aborto.