Aguayo cree que las protestas buscan "desestabilizar" a la Junta

  • La consejera de Hacienda denuncia la "profunda manipulación" de algunos partidos y las posturas "numantinas" de algunos sindicatos en la reforma del sector público

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Superado ya el "error" del primer decreto ley, la Junta defiende a ultranza el "necesario, constructivo y válido" nuevo decreto ley 6/2010 para la reestructuración del sector público, remozado con las aportaciones en materia de personal pactadas con UGT y CCOO. A la espera de su debate como proyecto de ley en el Parlamento, la consejera de Hacienda y Administración Pública informó ayer en la Cámara a petición de IU de la próxima entrada del nuevo decreto, si bien las razones que según la Junta han provocado el rechazo y las movilizaciones siguen siendo las mismas que con el primer decreto.

Aguayo volvió a encontrar al PP detrás de las protestas y lamentó las "burdas campañas de intoxicación" y la "profunda manipulación" por parte de algunos partidos, que pretenden "desestabilizar al Gobierno andaluz".

También criticó la consejera las posturas "numantinas" de algunos sindicatos "que van más allá de la defensa de los empleados públicos".

Aguayo esperó que en el Parlamento se produzca "un debate sereno y sosegado que contribuirá a eliminar dudas, ante la manipulación que ha existido del decreto". "Estamos abiertos a escuchar propuestas constructivas y de buena fe" sobre el decreto ley, aseveró Martínez Aguayo.

El Parlamento analizará el decreto ley. Pero también los tribunales. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PP contra el decreto ley 5/2010, texto que no está en vigor al ser sustituido por la Junta. El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que su formación estudia la posibilidad de presentar un segundo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por el nuevo decreto ley de reordenación del sector público andaluz, antes del 26 de febrero, fecha límite para ello, argumentando que esta normativa, ya en vigor, tiene numerosos artículos que son "exactamente iguales" a los del anterior decreto.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, reprochó al PP que "es el momento de los diputados, no de lo abogados". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno restó valor a la admisión a trámite ya que "no entra para nada en el fondo de la cuestión" y recordó que, de momento, la única instancia que sí ha entrado en el fondo de la cuestión, sobre la constitucionalidad o no del decreto, fue el Defensor del Pueblo estatal el que dejó "meridianamente claro en su informe que el decreto no conculca la libertad sindical y respeta la negociación colectiva y los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público", expuso Moreno.

Sin embargo, los argumentos de la Junta no parecen convenceder del todo o nada a los sindicatos. CCOO y UGT volvieron ayer a aplazar la retirada de los recursos judiciales y, si hace unas semanas esperaban a que se incluyesen los aspectos negociados con ellos, ayer expusieron que no retirarán sus recursos hasta que no concluya el trámite parlamentario.

Mientras, empleados públicos convocados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) se concentraron ayer a las puertas de la Consejería de Hacienda, en el edificio Torretriana de Sevilla, para pedir la derogación del decreto y la dimisión de Martínez Aguayo. El sindicato CSIF convocará una cadena humana el 9 de diciembre en torno al Palacio de San Telmo en Sevilla para pedir la derogación del polémico decreto.

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