El caso Astapa en Estepona se acerca al centenar de imputados

  • El juez investigará los delitos de malversación, cohecho, prevaricación y falsedad

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona acordó ayer la imputación de 21 personas más en el marco de la investigación del denominado caso Astapa, contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de la localidad esteponera, según informaron fuentes judiciales. Los delitos que se investigan son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. Según precisaron las mismas fuentes, durante los próximos meses los nuevos imputados irán al juzgado para prestar declaración en esta causa, que suma ya 94 personas imputadas, entre políticos, empresarios y técnicos municipales.

La operación se inició el 17 de junio de 2008 tras la denuncia presentada por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez. Se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente".

Las personas detenidas que ingresaron en prisión fueron el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permaneció en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre seis meses.

Barrientos negó en su primera declaración ante la instructora de esta causa que existiera en el Ayuntamiento un sistema de doble o triple contabilidad y afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares y que una empresa no le pagó estancias en el extranjero. En meses pasados, el instructor informó a las partes personadas de la imposibilidad de levantar el secreto que pesa sobre parte de las actuaciones, ya que se estaban gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole", quedando pendientes al menos tres diligencias de investigación añadidas.

Este levantamiento de las actas se ha ido denegando al incidir el magistrado en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos.

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