Andalucía

La juez pregunta al Ministerio si se fiscalizaron y justificaron las ayudas de la Faja Pirítica

  • Pide a Empleo que amplíe el informe con nuevos datos, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción

La juez María Núñez Bolaños. La juez María Núñez Bolaños.

La juez María Núñez Bolaños. / antonio pizarro

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La juez María Nuñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre si las ayudas concedidas a los ex mineros de la Faja Pirítica de Huelva estaban sometidas a fiscalización y fueron además objeto de justificación por los beneficiarios. En una providencia, la magistrada accede a reclamar esta información al Ministerio de Empleo, que fue solicitada en diciembre pasado por la Fiscalía Anticorrupción.

La instructora ha dictado ahora una providencia en la que pide al Ministerio que amplíe el informe remitido en septiembre pasado para que, en concreto, se pronuncie sobre si en todos los expedientes de la Faja Pirítica "debía de constar y constaba solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores, o directamente por estos últimos", así como si en dichos expedientes recayó "resolución expresa de concesión de las ayudas, con mención expresa en su caso de los compromiso que eran asumidos por sus beneficiarios".

También pide que certifique si todos los expedientes estaban "sujetos a fiscalización y a qué extremos abarcaba la misma", así como si se ha iniciado "algún procedimiento de reintegro, debiendo, en su caso, hacer una relación de tales procedimientos por cada ayuda concedida".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que las ayudas concedidas por el Ministerio a los ex mineros de la Faja Pirítica onubense cumplieron "escrupulosamente" la ley, además de estar sometidas a la fiscalización por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La juez también ha accedido en la providencia a la práctica de una serie de pruebas planteadas por las defensas, entre las que se encuentran precisamente la petición de numerosa documentación a la Delegación del Gobierno en Andalucía. Bolaños ha solicitado expresamente el acuerdo firmado entre la delegación del Gobierno en Andalucía y el consejero de Empleo de la Junta el 27 de febrero de 2002, así como una copia del "plan único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza", y una copia del acta de la reunión del delegado del Gobierno con las federaciones sindicales de fecha 26 de febrero de 2003, entre otra documentación que reclama a la Delegación.

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