Rivera recurre la fianza civil de 7 millones impuesta por la juez de los ERE

  • El ex director de Trabajo dice que la medida se sostieme en una "sospecha" sin probar

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El ex director de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera recurrió ayer la fianza civil de 7,2 millones de euros impuesta por la juez que investiga los ERE fraudulentos, porque se basa en una "sospecha que hay que verificar" y le puede causar perjuicios "de imposible reparación". Rivera es así el primer imputado que ha recurrido las fianzas impuestas por la juez Mercedes Alaya a los ex altos cargos de la Junta que declararon en julio, entre ellas, 490 millones de euros al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y 173 millones al exdirector de Trabajo Juan Márquez.

El abogado de Rivera, José Estanislao López Gutiérrez, dijo que su defendido no sólo trabajó "para el mantenimiento del empleo y la productividad en Andalucía y para mejorar las condiciones de los trabajadores que habían sido expulsados del mercado laboral", sino que durante su mandato se introdujeron "mejoras en los procedimientos para la concesión de ayudas". Además, colaboró con la Justicia "poniendo a su disposición todos los documentos requeridos, incluso con anticipo a las peticiones" y fue el primero en denunciar las irregularidades que detectó, según recoge el recurso. El defensor alega que la instrucción de los ERE se anuncia "muy prolongada en el tiempo" y cuando al cabo de los años su representado sea absuelto "la opinión pública ya habrá dictado anticipadamente su sentencia" y el daño causado a su buen nombre será "de muy difícil o imposible reparación".

El escrito se lamenta de que, en caso de no poder depositar la fianza, Rivera será embargado de todos sus bienes presentes o futuros, lo que le causará una "indigencia funcional". Se trata de una medida "desproporcionada e injusta", máxime en la presente fase procesal, cuando ni siquiera se ha abierto juicio oral y puesto que no está basada en un riesgo "concreto" sino en "una hipotética y futura insolvencia".

Por ello, López Gutiérrez pide que se retire una medida que no cree "proporcional, moderada ni equilibrada".

La juez Alaya fijó la fianza a Rivera en base a los 5,4 millones de euros concedidos en ayudas bajo su mandato junto al tercio de incremento previsto por la ley.

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