El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el decreto por el que el Gobierno transfirió a la Junta de Andalucía las competencias sobre el Guadalquivir. Esta sentencia es consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional conocido en marzo que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía, que permitía la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a su paso por la comunidad. Según se conoció ayer, la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TS ha estimado un recurso promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el real decreto de transferencias del 17 de octubre de 2008 y, a tal efecto, anula dicho acto administrativo.

El Gobierno andaluz ya estaba en conocimiento del sentido de esta sentencia. Fuentes de la Junta de Andalucía sostuvieron que estaba "previsto" tras el fallo del Constitucional y que la gestión se mantendrá gracias a la encomienda temporal aprobada por el Gobierno y que tiene de vigencia hasta octubre. Las mismas fuentes añadieron en esta línea que este nuevo fallo no afecta a esta encomienda transitoria de gestión acordada entre los ejecutivos central y andaluz durante un periodo de seis meses, no prorrogable, toda vez que ambas administraciones mantienen una comisión bilateral al objeto de encontrar una "fórmula jurídica" que solucione el caso.

Aquí planea la incertidumbre. Ayer mismo fuentes del Gobierno central expusieron la dificultad de encontrar una solución para que Andalucía pueda seguir liderando la gestión de este río que satisfaga a las otras comunidades en conflicto, que también tienen territorio en esta cuenca hidrográfica (Extremadura, Castilla-La Mancha y, en un porcentaje mínimo, Murcia). Estas mismas fuentes aludían a la sentencia del TC, que consideraba que el articulado del Estatuto andaluz anulado fija un "criterio fragmentador" de la gestión de la cuenca y asume competencias "que corresponden al Estado". Así desde el Gobierno central no se es tan optimista sobre el hallazgo de una fórmula de gestión y en un plazo tan limitado que sea capaz de contentar a todas las partes, aunque subrayaron que se trabaja en ello.

En esta línea, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el martes la creación de la comisión de expertos que asesorará al Ejecutivo regional sobre el futuro modelo de gestión del Guadalquivir. El grupo de expertos estará formado por Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo del Agua de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Losada, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada, Pilar Paneque, profesora titular de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, y Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.